En los próximos días Hacienda presentará su plan de lucha contra el fraude fiscal, que buscará detectar el uso de una doble contabilidad en las empresas medianas y pequeñas y, de hecho, ya está realizando inspecciones en algunas compañías con ese fin. Sin embargo, el Gobierno de Rajoy carece de credibilidad para llevar a cabo esa cruzada contra el dinero negro porque actualmente varios juzgados investigan la existencia de una contabilidad B en el partido a nivel nacional y en varias de sus formaciones regionales.
Todos los juzgados que investigan contabilidades paralelas del PP, en la Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia, Castilla-La Mancha y La Rioja, han encontrado sólidos indicios de pagos con dinero negro. También, en el sumario que instruye el juez Pablo Ruz en Madrid acerca de la contabilidad B que afecta a la dirección nacional.
Génova
En lo que afecta a Génova, el juez da por hecho que el PP pagó 888.000 euros de su contabilidad B por las obras realizadas en su sede central. Además, se han acreditado que se fraccionaron donativos para burlar la ley de financiación de partidos, así como ingresos o pagos de sobresueldos demostrados. Hay más de 60 anotaciones del extesorero Luis Bárcenas acreditadas, según avanza la SER.
Valencia
Por regiones, en la Comunidad Valenciana, el juez José Ceres está a punto de terminar su instrucción sobre la financiación ilegal del PP valenciano. Según un informe final de Hacienda, los populares gestionaron dinero negro y obtuvieron ingresos irregulares de constructoras con el intermedio de la trama Gürtel, que recibió 3,5 millones de euros en las elecciones autonómicas de 2007 y las generales de 2008.
La UDEF cree que el PP pagaba el 80 por ciento de sus actos en B a Orange Market, la filial valenciana de la red de Correa. Está imputada en el caso la antigua cúpula del PP valenciano, menos el expresidente Francisco Camps, además del extesorero nacional Luis Bárcenas, empresarios que supuestamente realizaban pagos a cambio de adjudicaciones y los principales cabecillas de la Gürtel.
Castilla-La Mancha
En Castilla-La Mancha, donde gobierna la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, el juez Ruz investiga el presunto pago de una comisión de 200.000 euros en negro para la campaña autonómica de la actual presidenta, en 2007, pagada por la empresa Sacyr a cambio de la adjudicación de una contrata de basuras en Toledo.
Bárcenas declaró que esa cifra es sólo parte de los 700.000 euros comprometidos por la empresa, que habrían sido gestionados por la contabilidad paralela del PP castellano-manchego para gastos electorales. Está imputado el gerente regional, José Ángel Cañas.
La Rioja
En La Rioja, el PP habría obtenido fondos en negro de donantes locales por 200.000 euros, que blanqueó mediante la ayuda de Bárcenas para pagar parte de las obras de su sede. Según la investigación del juez Ruz, hay indicios de delito fiscal.
Galicia
En lo que afecta al PP en Galicia, un informe de la Intervención General de la Administración del Estado remitido al juez Pablo Ruz señala indicios de pagos en B desde el PP de Pontevedra. El asunto proviene de una deuda por un embargo de 187.000 euros del PP de esta provincia que asumió la dirección nacional, y de cuya devolución no hay constancia oficial. Bárcenas declaró al juez que los populares gallegos devolvieron parte del dinero "en mano y en sobres de color marrón y billetes de 500" a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. Según la investigación, 50.000 euros, en 2010, fueron retornados de esa manera.
Uno de los principales cabecillas de la Gürtel, Pablo Crespo, aseguró ante Ruz que dio al extesorero Álvaro Lapuerta un total de 21 millones de pesetas en negro, cuando era secretario de organización del PP gallego en 1999.
Baleares
Baleares no escapa a las cajas B del PP. Actualmente hay dos líneas de investigación abiertas: el caso Over Marketing y el caso Nimbus, piezas separadas del caso Palma Arena, en manos del juez José Castro. Según un informe del fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, el PP se financió con dinero negro para las elecciones autonómicas de 2007. Documentos incautados a la empresa de publicidad Nimbus e incluso la confesión del gerente de la empresa, demuestran que el PP balear manejó dinero B y efectuó pagos, como mínimo, superiores a los 70.000 euros de forma opaca. La instrucción ha finalizado y el fiscal prepara su escrito de acusación en el que pedirá sentar en el banquillo al extesorero del PP en la comunidad, Fernando Areal.
Las imputaciones se extienden al expresidente balear Jaume Matas y otros dirigentes regionales en el caso Over Marketing, por la financiación en negro de las campañas de 2003 y 2007. Los pagos han sido admitidos por el dueño de la empresa.
Según Hacienda, Over Marketing recibió contratos públicos en Baleares por 2.4 millones entre 2004 y 2008, y parte de ese dinero habría acabado en las arcas del PP, según Anticorrupción.
La lupa sobre Madrid
En Madrid, los investigadores siguen las pistas a varias irregularidades, especialmente pagos de actos electorales a través de fundaciones vinculadas al PP mediante facturas falsas emitidas por la trama Gürtel.
Según la UDEF, el 85% de los actos para las autonómicas de 2003, el Congreso regional del partido en Madrid en 2002 y la noche electoral de las europeas de 2004 se pagaron de manera fraudulenta a través de las fundaciones Fundescam, FAES o Fundación Instituto Formación Política.
Y, mientras, el Gobierno impulsa su plan contra la evasión fiscal
Según adelantaron los medios económicos esta semana, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, impulsará un nuevo Pan de Control Tributario para este año, enfocado hacia la empresa mediana y pequeña, para combatir el fraude fiscal. Inspectores de la Agencia Tributaria abrirán los ordenadores de estas compañías para detectar evasiones de impuestos mediante dobles contabilidades. Además, el Ministerio que dirige Montoro seguirá estrechando el cerco a profesionales, artistas y deportistas. Tal vez, debería empezar por las sedes de su partido en todo el territorio nacional, incluida su oficina central en Génova, 13, de Madrid.
