En un comunicado hecho público hoy JpD explica que “en dicho manifiesto las magistradas y magistrados firmantes realizan una serie de valoraciones sobre el derecho a decidir de Cataluña. Desde Jueces para la Democracia acordamos en su momento no pronunciarnos sobre el referido derecho a decidir.”
Ejercicio de la libertad de expresión
“Sin embargo, -añaden- de la lectura del citado manifiesto se desprende de forma notoria que se trata de una muestra del ejercicio de la libertad de expresión, derecho fundamental que también asiste a cualquier magistrada o magistrado.”
“No existe falta disciplinaria”
Continúan: “También se detecta de manera muy clara que dichas opiniones no encajan en modo alguno en la falta disciplinaria que ha sido denunciada, consistente en el incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitución, de acuerdo con el artículo 416-1 de la LOPJ.”
Inadmisible la intimidación institucional
“Por ello, consideramos especialmente criticable que desde la Comisión Permanente del CGPJ se haya dado traslado al Promotor de la Acción Disciplinaria. Las opiniones expresadas en dicho manifiesto deben ser discutidas a través del debate jurídico correspondiente, sin que resulte admisible cualquier tipo de intimidación institucional, como puede suponer la incoación de las referidas diligencias", dice JpD.
Derecho a opinar sin presiones
Por último, señalan: “Desde Jueces para la Democracia rechazamos medidas que limiten de manera injustificada la libertad de expresión de quienes integran la judicatura y apoyamos el derecho a que se emitan opiniones sin que tengan como respuesta ningún tipo de presión por parte del órgano de gobierno judicial.”
Los 33 creen que hay marco legal
El conflicto se produjo cuando 33 jueces catalanes firman un manifiesto por el derecho a decidir de Catalunya en el que exponen que desde su punto de vista, existe un marco legal para celebrar la consulta. Consideran que como la Constitución reconoce la realidad de Catalunya como una nación reconoce por tanto también su derecho a decidir el futuro.
“Tres artículos que legitiman”
Según los firmantes la Constitución contempla tres artículos que, interpretados de forma abierta, dan la posibilidad de legitimar esta consulta: Son el artículo primero que define la defensa de la libertad y el pluralismo político; el noveno que obliga a los poderes públicos a promover la participación ciudadana en la política; y por último el artículo décimo que fija la base de la autoridad política en la voluntad del pueblo.
Jueces conocidos entre los firmantes
Añadían los jueces que una serie de juristas internacionales realizaron una interpretación más amplia del derecho a la autodeterminación de modo que también pueda aplicarse a territorios sin Estado. Entre los autores del manifiesto figuran Juli Solaz y Josep María Pijuan que en su día instruyeron el denominado ‛caso Palau’. También lo apoya Montserrat Comas quien fue exvocal del CGPJ.
Manos Limpias entra en escena
Ante estas afirmaciones, el sindicato de tono ultraderechista Manos Limpias presentó una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial al considerar que la declaración “no entra dentro del derecho a la libertad de expresión y de manifestación, e incurre en una falta disciplinaria muy grave de falta de respeto y el acatamiento a la Constitución”.
¿Delito de sedición?
Añadía Manos Limpias además de referir la alarma entre la sociedad civil que “si de las diligencias que se practiquen, pudiera resultar un presunto delito de incitación a la sedición, de desobediencia a resoluciones judiciales, se debería poner en conocimiento del Tribunal competente y del Ministerio Fiscal”.
Acción disciplinaria
El pasado martes día 18 la Comisión Permanente del CGPJ constituida por los cinco vocales con dedicación permanente junto con el presidente Carlos Lesmes, tomó la decisión de remitir la denuncia al Servicio de Inspección así como al servicio disciplinario que dirige el magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero.
