Las grandes constructoras se quejan de la poca cintura que ha demostrado el Gobierno español en la crisis del Canal de Panamá. Ni la Oficina Económica que asesora a Rajoy, dirigida por Álvaro Nadal, ni el Ministerio de Asuntos Exteriores (el gran ausente en esta crisis) parecen haber adivinado antes lo que se les venía encima. El nombre de España está en entredicho y las constructoras tienen más del 80% de su negocio en el exterior. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también se esconde tras las vacaciones navideñas para no dar explicaciones sobre una crisis que se venía fraguando desde hace meses.

La red no funciona
Nadie quiere hablar de forma pública, y menos de manera oficial. Pero las constructoras están molestas con el Gobierno de Mariano Rajoy. El consorcio empresarial liderado por Sacyr, encargado de la ampliación del Canal de Panamá, había puesto ya dos demandas de reclamación de gastos extraordinarios de la obra por importe de 900 y 500 millones de euros. Estos conflictos internacionales son habituales y los gobiernos deben estar atentos, cosa que en este caso no ha ocurrido. El Ministerio de Exteriores, el de José Manuel García Margallo, había prometido a las grandes empresas españolas una red de protección de las embajadas que en la crisis de Sacyr no ha funcionado.

Ejemplos anteriores
En medios empresariales acostumbrados a los negocios en el exterior recuerdan cómo en 2006, Miguel Sebastián, entonces director de la Oficina Económica de Moncloa, viajó a Centroamérica para solucionar una crisis que había puesto contra las cuerdas a Unión Fenosa, antes de que se generase un problema internacional. Ahora ha sido la ministra de Fomento, Ana Pastor, quien ha tenido que mediar de urgencia ante el Gobierno de Panamá para intentar que el problema no llegue a mayores. Las constructoras han mostrado su preocupación al Gobierno por la falta de protección efectiva y la escasa información que parece tener Moncloa sobre las intenciones de los empresarios y contratistas extranjeros.

Las embajadas
Esta misión de saber qué piensan los socios exteriores fue la que García Margallo prometió que cumpliría a través del Ministerio de Exteriores, con la creación si era preciso de una especie de centro de inteligencia económico a través de los agregados de las embajadas. Y eso ocurrió después de que Argentina expropiara YPF a Repsol y Bolivia echara de su territorio a varias empresas españolas. Pues la pretendida red no ha funcionado y las negociaciones entre Sacyr y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) han acabado en un ultimátum de las constructoras que a su vez ha creado una crisis entre Estados.

Soraya, de vacaciones
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha convertido la Oficina Económica de Moncloa en una especie de superministerio de Economía en la sombra, para ayudarla a ella a dirigir la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, es otra de las grandes ausentes en esta crisis. No ha aparecido para decir nada, ni bueno ni malo, sobre el problema, pero sí ha hablado por teléfono con Ana Pastor, a la que Rajoy y Soraya han encargado solucionar “el marrón” de Panamá.

Una crisis extensible
Como se sabe, la crisis del Canal de Panamá ha surgido por la negativa de las empresas concesionarias de su ampliación, lideradas por Sacyr, a seguir con las obras si la ACP no les paga los 1.200 millones de euros que dicen haber gastado ya en costes no previstos. Desde Panamá se pide que se cumpla el contrato firmado en 2009 y las empresas dicen que ese mismo contrato preveía los conflictos sobre el coste real de la obra una vez sobre el terreno. El problema es que ahora las consecuencias pueden tener un  efecto arrastre sobre otras empresas.

Dependencia del exterior
Las grandes constructoras cotizadas (ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr y OHL) tienen en la actualidad un 83% de su cartera de proyectos en trabajos internacionales. En cifras absolutas, eso significa que de sus contratos en el exterior dependen más de 74.000 millones de euros de ingresos en los próximos años. Y eso es precisamente lo que preocupa a las constructoras, que ven cómo el Gobierno sólo reacciona cuando los problemas le estallan en las manos.