María Dolores de Cospedal y su hombre de confianza en La Mancha, Vicente Tirado



El algodón no engaña. Cospedal admitió el pasado 15 de julio haber recibido los 200.000 euros que el juez Pablo Ruz no encuentra por ningún lado: “Lo único que prueba este documento (), es que el gerente del PP en Castilla La Mancha, al igual que el resto de los gerentes regionales del partido, recibirían la asignación para la campaña electoral, de la que Bárcenas entonces, como gerente, era responsable y administrador de la campaña”. Fin de la cita textual de la secretaria general de los “populares”. Pero mira tú por dónde, dos meses después llegan los tres miembros del departamento de auditoría interna que Génova tiene en nómina, Carlos Luca Bignami, Benito Javier Torre de la Fuente y Antonio López de Pablo, y declaran ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, que: “Bajo ningún concepto podía entregarse dinero del partido a ninguna región si no era por transferencia bancaria desde una cuenta de gastos de campaña, nunca en metálico”. Fin de la cita que deja en clara evidencia, un vez más, a la todavía secretaria general de los conservadores.

El tabú de los 200.000 euros
Lo cierto es que el pasado 15 de agosto podríamos haber conocido algo más del paradero de los 200.000 euros que Bárcenas entregó en metálico, no por transferencia bancaria, al gerente de Cospedal en Castilla-La Mancha, José Antonio Cañas, a no ser por el exceso proteccionismo y celo que puso el juez Ruz, impidiendo a los abogados preguntar a María Dolores Cospedal sobre el citado recibí aportado en sede judicial por el extesorero y cuya cantidad, supuestamente, cobró el PP castellano-manchego a cambio de la adjudicación a Sufi (Sacyr ) de la recogida de basuras de Toledo cuando los “populares” gobernaban el ayuntamiento en 2007. El magistrado declaró las preguntas “impertinentes” o “no pertinentes”, según reconocía a ELPLURAL.COM el letrado Gonzalo Boye.

Una supuesta mordida en “stand by”
Supuesta comisión, mordida, donación o peaje que Pablo Ruz tiene claro ya que enviaría en próximos días al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, presidido por Vicente Rouco, sobrino del ultraconservador cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela, al no poder tomar declaración como imputados a María Dolores Cospedal y a Vicente Tirado, presidente de las Cortes autonómicas, al ser ambos aforados. Hay que recordar que Luis Bárcenas señaló a Tirado, que también es secretario general del PP castellano-manchego, como uno de los protagonistas que se reunió con el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, para supuestamente pedirle dinero destinado a financiar la campaña de Cospedal a cambio de la  citada concesión del servicio municipal de Toledo. El hombre fuerte de los “populares” manchegos ha negado las acusaciones del extesorero, que, además de aportar el demoledor recibí, podría contar con otras “pruebas documentales” que darían un giro de 180 grados a la causa, según reconocía a este periódico uno de los abogados de la acusación popular.

¿Dónde están los 200.000 euros?
Y mientras que Ruz deshoja la ya marchita margarita judicial y envía este otoño el asunto al TSJCLM (adelantado en agosto por ELPLUIRAL.COM), no sin antes haber recibido una nueva tanda de informes policiales, nadie a estas alturas sabe dónde están los 200.000 euros. Sin embargo, todos sabemos que la cantidad fue recepcionada por el PP castellano-manchego presidido por Cospedal, quien como decíamos admitió la existencia del recibí. Sabemos, igualmente, que si las declaraciones de la secretaria general fueran ciertas ese dinero quedaría reflejado en la fiscalización de los gastos electorales de las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha que llevaron a cabo tanto el Tribunal de Cuentas como la Sindicatura de Cuentas regional, institución esta última que la presidenta manchega ha decidido ahora suprimir. En ningún informe emitido por ambos organismos aparecen los 200.000 euros, ni tampoco se reflejan en la contabilidad de Génova ni en la de Ronda de Buenavista, sede del PP en Toledo. Aún es más, en ningún asiento contable queda recogida la transferencia de ese dinero ni en su totalidad ni en entregas fraccionadas. Nada de nada. Solo existe un envío bancario desde la sede nacional a la regional por un montante de 34.619 euros. Los doscientos mil se han evaporado ante las mismísimas narices del juez Pablo Ruz, cuya decisión final tiene en vilo a María Dolores Cospedal y a su mano derecha, Vicente Tirado, quienes más pronto que tarde tendrán que declarar como testigos o como imputados en un caso que tiene indignada a la clase política de Castilla-La Mancha.