La concesión del premio Ciudadano Europeo 2013 a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca hizo de nuevo perder los nervios a representantes del PP. El eurodiputado Carlos Iturgaiz hablaba de “escándalo” por el reconocimiento a una “organización violenta” y retomaba las comparaciones entre la portavoz de la organización, Ada Colau, y Arnaldo Otegi. Y este lunes Esperanza Aguirre pataleaba por la misma razón desde el diario ABC contra los eurodiputados “sedentes y cobrantes” –aunque el premio fue decidido por un jurado, no en el pleno-. “Europa está muy lejos de los ciudadanos”, advertía.

A la expresidenta de la Comunidad de Madrid se le ha recordado estos días que en la campaña electoral de 2011 se mostraba favorable a la dación en pago. Aunque no tuviera competencias para abordar ese asunto, demostraba su olfato para acercarse a los ciudadanos en períodos electorales, no como los burócratas europeos, que les da por hacer guiños a destiempo. Y es que los reconocimientos institucionales a la PAH, con todos los esfuerzos populares por presentar los escraches como la antesala de una dictadura totalitaria, suponen un serio inconveniente.

El peligro nuclear de la PAH para el PP no radica en que cuenten con uranio enriquecido –al menos es de esperar que los populares no lleguen tan lejos en sus ataques-. Su riesgo consiste en poner el foco en el núcleo de los problemas del Gobierno de Rajoy de cara a los ciudadanos: sus desequilibrados criterios a la hora de gestionar la crisis. ¿Por qué?

En primer lugar porque los desahuciados o las personas en peligro de estarlo representan el lado más cruel de la crisis y con una obviedad tal que resulta imposible de ocultar. Por un lado se inyecta dinero público en los bancos para que sobrevivan al desajuste generado en sus balances por –principalmente- el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y se les pone a disposición un banco malo para colocar sus activos problemáticos a precios hoy por hoy fuera de mercado. Dinero que se supone que retornará, pero que consume ingentes cantidades de recursos públicos en un momento crucial.

Sin embargo, no se arbitra ninguna medida real para que los hipotecados en problemas –no solo por el paro, también porque siguen pagando viviendas a precio de burbuja- tengan alguna contrapartida o quita. Es obvio que no es descabellado defender que debería haber sido así para los hipotecados en primera vivienda cuando se disparó el disparate -a grandes rasgos la década de 1999 a 2009, desde el inicio del euro hasta que los efectos del crack financiero llegaron a Europa-. Si los compradores tuvieron responsabilidad en su decisión, más deberían asumir quienes estaban obligados a evaluar los riesgos. El rescate financiero debió contemplar ambos componentes desde el principio, EEUU lo hizo y su mercado inmobiliario no sufrió una caída tan abrupta y se está recuperando.

Y no vale decir que el drama de los desahucios es sobrevenido con el incremento del paro, el problema de la sobrevaloración inmobiliaria y sus consecuencias se vislumbraban desde el principio de la crisis -en 2008 algunos lo escribimos, otros lo hicieron bastante antes-. La ley hipotecaria, los desproporcionados intereses de demora o las cláusulas abusivas agravan el problema de base: un activo devaluado sin salida en un mercado congelado y el riesgo de una deuda perpetua.

La impunidad de la banca rescatada frente al padecimiento de quienes se hipotecaron mal hace daño –y que se encarcele temporalmente a Miguel Blesa no cambia nada en cuanto al diferente trato en lo sustancial, la ayuda económica-. Pero para el Gobierno hay otro núcleo de riesgo en la PAH no menos importante. A la derecha le resultó más fácil parodiar el 15-M en buena medida apelando a su indefinición y amplitud, el movimiento tendría que diluirse o concretarse a través de diferentes vías que se están recorriendo. Pero la PAH es una plataforma con un fin muy definido. Con reivindicaciones, como la dación en pago, muy concretas y acotadas a un problema específico. Y que además se canalizaron a través de cauces democráticos, con una Iniciativa Legislativa Popular de 1,4 millones de firmas que fue ninguneada en el Parlamento. Los escraches no pueden cambiar eso, como tampoco el hecho de que jueces españoles, europeos y hasta el impopular Banco Central Europeo hayan cuestionado la ley hipotecaria española.

En cualquier caso, el peligro nuclear no procede de la plataforma de Ada Colau y no atañe exclusivamente al PP, sino a todos. Es el riesgo moral y económico que se deriva de un país que ha gestionado pésimamente y a golpe de improvisación su crisis inmobiliaria y financiera, sin una estrategia global, sin medidas acompasadas, sin ninguna red sólida al paro y a la recesión, al contrario, leña al fuego de la contracción con los recortes. Y sin noticias de la reactivación del crédito, por cierto, a pesar de las ayudas a las antiguas cajas. Más que fusión caminamos hacia la alerta de la mega-fisión social.

Sergio Colado es redactor de ELPLURAL.COM
Blog Disidentes 6.0
En Twitter es @sergiocolado