El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, en una intervención en las Corts. EFE
Dinero para la cooperación que acaba en parkings y pisos
No es sólo el PSPV, que está personado en el caso como acusación popular, sino que también se espera que las peticiones del fiscal se conozcan en las próximas horas. La acusación contra el antiguo conseller de Solidaridad, por si no la recuerdan, es repugnante. La juez del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Pía Calderón, al concluir la instrucción hablaba de que Blasco habría autorizado, en colaboración con otros altos cargos de la Consellería "la creación de las condiciones necesarias para que se sustrajeran importantes cantidades de dinero". En concreto, en torno a 1,8 millones de euros, que debían dedicarse a proyectos solidarios en Nicaragua y que acabaron invertidos en parkings y pisos, y tan sólo un 3% en su destino previsto.
El caso es tan vergonzante que el propio Fabra, tras conocerse el escrito de la magistrada tan duro con Blasco, se 'pilló los dedos'. Dijo entonces, en la última sesión de Les Corts, que si la Abogacía de la Generalitat pedía cárcel contra el diputado, "no le temblaría el pulso" y actuaría tomando la decisión que correspondía consecuentemente a esas acusaciones. La decisión del abogado de la Generalitat es inminente.
'Alí' Fabra, 'su cueva' y los '11 imputados'
Las palabras de Fabra en los medios políticos y periodísticos valencianos se interpretaron de la única manera posible: se comprometía así públicamente a expulsar a Blasco de su escaño en las Corts ¿El problema del president valenciano? Que si Alí Babá vivía en la cueva con los 40 ladrones, él vive en la cueva con 'los 40 imputados' y en la 'limpieza' del grupo popular podría poner en riesgo su propia situación en la Generalitat.
El escaño, como se sabe, no 'pertenece' al partido, sino al diputado electo. Es decir, que si Fabra pide a Blasco que 'dimita', éste podría limitarse a pasarse al Grupo mixto, el de los no adscritos. Es lo más probable que sucediera, de hecho, ya que Blasco en su condición de aforado tendría más ventajas legales. Esto debilitaría al Grupo Popular en número, pero aún más importante para Fabra, provocaría un terremoto que muy bien pudiera acabar con una rebelión interna.
Los demás imputados ven las barbas de Blasco cortar
Y es que lejos de ser el único imputado, Blasco no es sino uno más de los 11 diputados que en estos momentos se sientan en la bancada del PP valenciano y que tienen imputaciones legales o están a punto de recibirlas. Para expulsar a Blasco del Grupo parlamentario, Fabra necesitaría que el resto de miembros firmaran esa expulsión ¿Y la firmarán los otros diputados con problemas legales, sabiendo que lo que suceda a Blasco podría pasarles también a ellos? Está por ver si esos 10 imputados están dispuestos a poner tranquilamente sus barbas a remojar al tiempo que ayudan al barbero a afilar la navaja.
Entre los otros diputados valencianos con problemas hay algunos de enorme peso en el partido. Empezando por Rita Barberá y Francisco Camps, que como les contábamos en ELPLURAL.COM de momento están ya a punto de verse envueltos en el caso Nóos. Pero hay más. Ya se anuncia de manera inminente, como también les informamos, la apertura del caso Fitur que implica a Vicente Rambla, exvicepresidente con Camps, y a Angélica Such, y Milagrosa Martínez... Todos ellos diputados valencianos. Y siempre sigue ahí, pendiente de estallar, el escándalo Gürtel en su rama valenciana.
Si no hace nada, Fabra quedará invalidado como President de la Generalitat
El problema de Fabra es que si, por miedo a las consecuencias que tendría para la estabilidad de su gobierno, no hace nada con Blasco ni con los casos que se irán produciendo en los próximos meses, no aparecerá ante la ciudadanía sino como un político maniatado por 'la herencia Camps', incapaz de luchar contra la corrupción en su partido, y por tanto incapaz de dirigir la comunidad. Esto, cuando ya las encuestas anuncian que el PP está muy lejos de la mayoría absoluta necesaria que le ha permitido gobernar Valencia desde 1995.
