El exsecretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge junto a varias personas concentradas para realizar un escrache, ante la que creen que es la vivienda de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en las inmediaciones de la plaza de Manuel Becerra, en el distrito de Salamanca. EFE
La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia de Madrid el archivo de la denuncia por el escrache realizado frente al domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al considerar que se violó “el derecho a la intimidad personal y familiar” de la política, y, además, da relevancia al hecho de que la concentración convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca no fue comunicada a la Delegación del Gobierno en Madrid.
El marido de la vicepresidenta, autor de la denuncia
La denuncia contra el escrache fue presentada por el marido de la vicepresidenta, José Iván Rosa Vallejo, aunque Sáenz de Santamaría, en una rueda de prensa, días pasados, al ser preguntada, haya intentado desvincularse de la misma. "Espero que el denunciante, que no soy yo, pero que vive en mi casa… pues cuando se lo notifiquen le diré que es así, pero ahora no se lo puedo confirmar". Se refería precisamente a la posibilidad de que la denuncia fuera archivada.
El juez no vio delito en el escrache
El pasado 10 de mayo, el juez de instrucción Marcelino Sexmero archivó la denuncia al considerar que la concentración no pretendía “quebrantar por la fuerza la voluntad política” de la vicepresidenta del Gobierno, sino “expresar en la vía pública la información y las ideas del colectivo concentrado sobre el problema de la ejecución hipotecaria y la crítica a la inactividad de los políticos gobernantes”. La resolución alegaba que el escrache fue realizado sin violencia, sin insultos ni amenazas, ese escrache no constituye delito y está amparado por los derechos fundamentales de reunión y de expresión.
El fiscal cree que se vulneró el derecho a la intimidad de Sáenz de Santamaría
Pero el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, sí cree que se vulneró el derecho a la intimidad de la política y estima que “para que unos derechos constitucionalmente reconocidos deban ceder ante otros es requisito ineludible que los derechos que vayan a prevalecer se ejerciten conforme a la normativa vigente”. Para el Ministerio Público, “el ilegítimo e ilegal ejercicio de un derecho nunca puede prevalecer frente a otro derecho constitucionalmente reconocido”, en este caso la intimidad personal y familiar de Sáenz de Santamaría.
"Violencia moral"
“El político, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a ver protegida su intimidad, sobre todo en el marco de su vida privada. Por ello, la crítica admisible debe realizarse conforme la normativa vigente y el debate político debe plantearse en los lugares adecuados”, añade el fiscal en su recurso.
Según el fiscal, la violencia física no es la única forma de violencia, también puede darse la “violencia moral con alcance intimidatorio”, que es lo que aprecia en este caso, sin descartar otros posibles delitos, como el de manifestación ilegal, desórdenes públicos o desobediencia.
