Una importante excepción
La reforma de la Ley de Costas establece que se mantendrá el carácter de dominio público de las marinas, terrenos privados artificialmente inundados por el mar para hacerlos navegables, pero establece una importante excepción: los denominados garajes náuticos, que serán de propiedad privada. Se trata de láminas de agua para el estacionamiento de embarcaciones en las urbanizaciones de dichas marinas que ya no tendrán la consideración de atraques en dominio público.
El garaje náutico
El garaje náutico, a juicio de Cortés, “menoscaba el carácter público del espacio portuario” y conlleva el peligro de que sean considerados de propiedad privada no sólo los atraques individuales, sino también dársenas enteras de estas urbanizaciones.
Se plantea dudas sobre las potestades
Este “avance en la privatización” de las marinas plantea además dudas sobre el ejercicio en las mismas de las potestades administrativas en materia de navegación y medio ambiente, con el consiguiente riesgo de incidencias tanto para el tráfico marítimo como en el control y tratamiento de residuos, entre otros aspectos.
"No nos parece justo, equitativo ni equilibrado"
Junto a ello, la reforma de la Ley de Costas aprobada definitivamente mantiene el denominado canon demanial, un pago por parte de los concesionarios en puertos autonómicos que no se exige en cambio en los puertos de titularidad del Estado. “No nos parece justo, equitativo ni equilibrado”, ha señalado Cortés. La nueva norma establece también criterios al alza para la determinación de la base imponible de este canon, “con el consiguiente riesgo de quiebra efectiva de concesionarios y de parte del sistema portuario autonómico”, cuya viabilidad quedaría “amenazada”, denuncia la consejera.
No se entiende la doble lectura
El Gobierno central exige este canon demanial por considerarse titular del dominio público marítimo-terrestre adscrito a la Comunidad Autónoma para usos portuarios, pero sin embargo en esta misma modificación legal se especifica que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) no deberá pagarlo el Estado, sino la Junta de Andalucía, en contra del criterio mostrado hasta ahora por los tribunales de justicia sobre este asunto. Para Cortés, “no se entiende la doble lectura que se pretende hacer de este tema, reivindicando la Administración del Estado la condición de titular para exigir el canon demanial y eludiendo la trascendencia de dicha titularidad al trasladar a la Comunidad Autónoma la carga impositiva”.
Se amplía el plazo de las concesiones portuarias
Junto a ello, la modificación de la Ley de Costas amplía el plazo de las concesiones portuarias anteriores a la aprobación de la primera norma en 1988, contempladas en el artículo 49. Finalmente, tras muchas oscilaciones durante la tramitación del texto legal, se ha establecido un plazo de 35 años a contar desde el referido año 1988, con los que estas concesiones terminarían su vigencia en el año 2023, quedando sus prórrogas en el ámbito de competencia autonómico. Se trata, según Cortés, de una solución “razonable”, teniendo en cuenta que la intención primigenia del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente era establecer un plazo de 150 años, “absolutamente desmesurado y fuera de toda lógica”.
Reinvindicaciones inexplicablemente desatendidas
Este acortamiento del plazo inicialmente introducido en el texto legal ha sido fruto en buena medida de la presión ejercida por las comunidades autónomas, que en el seno de las XIII Jornadas de Administraciones Portuarias Autonómicas, celebradas el pasado mes de noviembre en Sevilla, realizaron un comunicado conjunto solicitando esta cuestión, entre otras muchas. “Lástima que el resto de reivindicaciones, como las referidas al canon demanial, el IBI o las marinas interiores, hayan sido tan inexplicablemente desatendidas”, ha lamentado Cortés.
