Con este proyecto, el Gobierno de Mariano Rajoy quiebra la igualdad de oportunidades y establece un modelo educativo que supondrá una carrera obstáculos para los alumnos de las familias con menos recursos económicos. Los que pertenezcan a linajes con posibles tendrán la oportunidad de seguir en el ámbito privado aunque sus capacidades sean limitadas. Por cierto, la reforma contempla la desamortización de la escuela pública para dar cuotas de mercado al negocio privado y da cobertura a la escuela diferenciada (los niños con los niños y las niñas con las niñas) pese a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que considera que este tipo de centros es contrario a la igualdad que propugna la Constitución española.
Para desviar la atención sobre lo mollar de esta ley, que es la agresión a la igualdad de oportunidades, nos deja dos polémicos señuelos: la religión evaluable y el debate del catalán en los centros de aquella comunidad (el Gobierno adelantará fondos a la escuela privada que ofrezca castellano y lo detraerá de los fondos para el mantenimiento de la pública y concertada).
Sabedores que ambos asuntos, con profunda raíz ideológica, monopolizarán el debate y dejarán en un segundo plano el certificado de defunción expedido por el PP a lo público y a las garantías de que nadie con capacidad se quede fuera del sistema por carecer posibilidades económicas. La comunidad educativa anuncia movilizaciones contra este profundo retroceso. Sin embargo, los medios de comunicación ya han caído en la trampa de lo secundario, desenfocando la profunda injusticia que introduce la nueva norma.
Esta reforma educativa discrimina, consagra un modelo no equitativo y de dudosa constitucionalidad, nos aleja de Europa y nos retrotrae al nacionalcatolicismo sin tener en cuenta el carácter aconfesional del Estado. Es una demostración del autoritarismo y del rostro más radical de la derecha.
* Miguel Ángel Vázquez es periodista y Portavoz del Gobierno andaluz
