Eduardo Torres-Dulce y Alberto Ruiz-Gallardón.



Eduardo Torres-Dulce no es un genovés cualquiera, como tampoco lo es dentro la carrera fiscal. Su elección por un tribunal formado por Rajoy & Gallardón & Sáenz de Santamaría y Trillo para ejercer de Fiscal General del Estado no fue una decisión rutinaria ni producto de una cadena de casualidades.

De hecho, un breve repaso de los 15 meses que lleva ubicado en el numero 17 del Paseo de la Castellana revelan que sus decisiones y declaraciones, las directas y las indirectas a través de la cadena de mando de la Fiscalía, son reveladoras de las razones últimas que pesaron en la decisión de Rajoy para no equivocarse a la hora de diseñar el retrato robot que en Génova 13 y en el Palacio de la Moncloa siempre han tenido sobre quién debe ser y quién no Fiscal General del Estado.

Y justo es reconocerlo, desde el punto de vista de los intereses particulares del PP, Torres-Dulce ha superado con creces, con sobresaliente dirían sus entusiastas, las expectativas creadas dentro de los diferentes sub clanes judiciales que están integrados en la gran familia genovesa.

Este viernes, sin ir mas lejos, se ha ganado una matricula de honor al empleado del mes de Moncloa y sus aledaños. Su decisión, contraria a la de sus subordinados de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, de acusar de colaboración con ETA al ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y al inspector José María Ballesteros en relación con el Caso Faisán,no pasará inadvertida tanto a los ultras talibanes que dentro y fuera del Gobierno han hecho de este caso su ansiada  pieza de cacería como a los restos menguantes de ETA que aún quedan en activo y en proceso de descomposición.

Imponer como ha impuesto su criterio recurriendo a su jerarquía estatutaria recogida en el artículo 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal que establece que “el fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones”, contra el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que se inclinaba por imputar a los dos agentes únicamente un delito de revelación de secretos, es mire por donde se mire una bombona de oxigeno a los desahuciados de uno y otro lado.

Sobre el Caso Faisán y sus derivadas mucho se ha escrito, se ha opinado y no hay tertuliano genovés que no haya memorizado a los largo de los últimos años los sucesivos argumentarios fabricados en los sótanos de las calles Génova y Pradillo, indistintamente.  El diario de sesiones del Congreso de los Diputados está repleto a lo largo de la pasada legislatura de intervenciones del hoy Director General de la Policía, el ultra de Ignacio Cosidó o del no menos talibán, Ignacio Gil Lázaro, hoy muerto de aburrimiento en la Mesa del Congreso de los Diputados

Para los que quieran conocer los entresijos de este Caso os recomiendo que pinchéis aquí y de este modo hacerse una idea bastante aproximada del mismo. Poco se puede añadir a la crónica que hace Fernando Garea. Si acaso reproducir la pregunta final con la que acaba su crónica : "¿Se puede sostener que el ministro del Interior y los mandos policiales que desmantelan a la banda terrorista colaboran con ella?". En la propia pregunta está la respuesta.

Pero es evidente que Torres-Dulce, vista su trayectoria y su nada casual elección, cuando toma esta decisión no está pensando ni en el ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés ni en el inspector José María Ballesteros. Si fuera así es más que seguro que no hubiera recurrido al articulo 25 ni mucho menos a acusarles de colaboración con ETA. Su sentido de la decencia y sus profundas convicciones religiosas no se lo hubieran permitido.

Y es aquí cuando entramos en el meollo de la cuestión, que no es otro que la salida de urgencias que en Moncloa han encontrado para desviar la atención mediática en medio de su propia asfixia política, social y ética. Para ello no han dudado  en obligar a adoptar a Torres-Dulce una decisión sobrevenida que le recuerda de paso que él también está sujeto a consumir su propia medicina. Es decir, ejecutar incluso lo que probablemente en conciencia ni piensa ni comparte pero que su "posición" dentro de la cadena de mando genovesa, le obliga a adoptar.

Y es que Rajoy, además de un bon vivant con sobresueldos incluidos y que a lo largo de su 32 años ocupando cargos públicos ha tenido que partir muchas piernas dentro y fuera de su partido, no está dispuesto, tras lograr al tercer intento entrar como inquilino del Palacio de la Moncloa, salir deprisa y corriendo por su puerta de servicio. Y sí para evitarlo tiene que revolver la política antiterrorista que nadie lo dude, lo hará. Lo hizo antes y lo volverá hacer si sus intereses y a los que tanto debe se lo exigen.

Torres-Dulce quizá sea consciente o no de lo que supone su decisión. En todo caso, una vez adoptada, tendrá que hacer suyas otras muchas que le vendrán impuestas por el aparato genovés. Y es que alguien debería recordarle que no se puede estar en misa, repicando y a la vez comentado con sus amigos una película de John Wayne. Todo a la vez no es posible.

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