El exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi. EFE

El exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi ha sido imputado en una nueva causa, diferente al caso Brugal, en el que también está imputado, por los supuestos delitos de fraude fiscal, falsedad documental y cohecho pasivo impropio, según adelanta El País.

La acusación de la Fiscalía
En marzo, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitad Valenciana presentó una denuncia contra Díaz Alperi después de que la Agencia Tributaria estima que el dirigente del PP ocultó dos millones de euros en ingresos durante tres ejercicios fiscales, de los que tendría que haber abonado unos 650.000 euros en concepto de IRPF. Según la acusación de la Fiscalía, Díaz Alperi acumuló dos millones de euros, que ocultó al fisco, con un sueldo de unos 70.000 euros en su etapa como alcalde y el actual de 61.500 como diputado autonómico.

Según el informe de Hacienda, Luis Díaz Alperi, que tendrá que declarar el próximo 26 de abril, defraudó al fisco unos 400.000 euros en 2007, alrededor de 140.000 en 2008 y 130.0000 en 2010, en concepto de IRPF, con lo cual el exalcalde ocultó casi un millón de euros en 2007, 325.000 en 2008 y 300.000 en 2010, además de otras cantidades por determinar que completarían los dos millones de euros referidos.

Su imputación en el caso Brugal
Alperi, que fue alcalde desde 1995 y hasta 2008, cuando fue sucedido por la actual regidora Sonia Castedo,  también está imputado en el caso Brugal, lo mismo que Castedo. Ambos están acusados de presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y revelación de información privilegiada relacionados con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanístico (PGOU). De acuerdo con la investigación judicial, ambos políticos del PP manejaron el PGOU para beneficiar al empresario Enrique Ortiz a cambio de regalos.

Según apunta el juez en el sumario sobre este caso, los políticos ”incluso procedieron a modificar el mismo [ PGOU] en atención a los deseos manifestados por un particular, prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés privado”.