Según ha recordado, el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre la interrupción del embarazo y estableció que el 'nasciturus' es un bien protegido, que la vida humana tiene relevancia desde su concepción y que su protección no es absoluta cuando entra en conflicto con otros derechos. "Es un sistema de indicaciones, no de plazos", ha dicho.
Peligro para la madre
En esta línea, ha avanzado que el peligro sobre la salud física y psíquica de la madre no debe ser entendido como un "pretexto" y, en consecuencia, el nuevo articulado contempla mecanismos para que esa condición se "cumpla y acredite". "En supuestos de conflicto de derechos, se acreditará ese conflicto y que no sea solo una mera declaración, sino una auténtica constatación", ha remachado.
Aborto por discapacidad, "incompatible"
Ha aludido a los mecanismos de información de los que dispondrá la mujer a la hora de decidir sobre la interrupción de su embarazo y ha adelantado que el aborto eugenésico por razón de discapacidad es "incompatible" con el proyecto del Gobierno y la posición de las Naciones Unidas.
"La vida no es una concesión graciosa, sino un derecho inalienable que no se ve reducido por razón de discapacidad y no puede restarse protección a un proyecto de vida como consecuencia de una discapacidad", ha señalado.
Menores de edad
El Ejecutivo también se muestra contrario a que los menores de edad puedan interrumpir su estado de gestación, mientras defiende la necesidad de regular la objeción de conciencia de los médicos.
Arropado
Así se ha pronunciado durante su intervención en el Foro de La Razón, donde ha estado arropado por una amplia representación de la cúpula judicial, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la alcaldesa de la capital, Ana Botella, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y varios miembros del Gobierno, como el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro o la titular de Sanidad Ana Mato.
Entre los asistentes, se encontraban varios vocales del Consejo General del Poder Judicial, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, el presidente de la Sala de lo Penal Fernando Grande-Marlaska o el magistrado Alfonso Guevara.
