La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitad Valenciana presentó hoy una denuncia contra el diputado autonómico y ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi por tres supuestos delitos fiscales. La Agencia Tributaria estima que el dirigente del PP ocultó dos millones de euros en ingresos durante tres ejercicios fiscales, de los que tendría que haber abonado unos 650.000 euros en concepto de IRPF.

Sueldos públicos
Luis Díaz Alperi dimitió como alcalde en septiembre de 2008 y fue sustituido por Sonia Castedo. Los dos están imputados en el caso Brugal por el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante en beneficio del empresario Enrique Ortiz. Con un sueldo de unos 70.000 euros cuando era alcalde y de 61.500 actualmente como diputado autonómico, tiene por delante una tarea harto complicada, la de explicar cómo ha podido acumular un patrimonio que difícilmente se puede adquirir mediante un sueldo público como el suyo.

Dejó de pagar 650.000 euros
Según la investigación llevada a cabo por la Agencia Tributaria, Luis Díaz Alperi habría dejado de ingresar al fisco unos 400.000 euros en 2007, alrededor de 140.000 en 2008 y 130.0000 en 2010, cantidades que corresponderían a la cuota exigible por el IRPF. En esos tres años, el ex alcalde de Alicante habría ocultado a Hacienda casi un millón de euros en 2007, 325.000 en 2008 y 300.000 en 2010, así como otras cantidades aún por determinar hasta alcanzar los dos millones de euros.

Penas de cárcel de uno a cinco años
La causa aún no ha sido registrada y no se le ha asignado juez instructor de la sala de lo Civil y de lo Penal del TSJCV, que es la que estudiará la denuncia por la condición de aforado del ex alcalde. En caso de sentencia condenatoria podrían suponerle por cada uno de los tres delitos fiscales de los que se le acusa otras tantas penas que oscilarían de uno a cinco años de prisión. Pese a que apenas habían trascendido esta tarde detalles de la denuncia, al parecer los 400.000 euros que Díaz Alperí no pagó en 2007 corresponderían con una deuda cuyos detalles se desconocen, mientras que el presunto fraude de 2008 estaría relacionado con la compra de un barco, según la edición digital del diario Información de Alicante.

Compró dos barcos en 2008
La denuncia presentada hoy es consecuencia de la investigación policial realizada por el supuesto amaño del PGOU de Alicante, cuya causa instruye actualmente el TSJCV y en la que Díaz Alperi  está imputado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada. Por la investigación policial se tuvo conocimiento de que el ex alcalde era propietario de la empresa Andarx Bussines, que en 2008 solo tuvo como actividad la compra de dos barcos, uno de ellos valorado en más de 600.000 euros.

Los adosados de la trama Brugal
Dentro de la causa Brugal, la Fiscalía Anticorrupción investiga la entrega de tres adosados por la trama corrupta a los tres hijos del diputado autonómico popular, de los que uno estaría a nombre de Elisa Díaz, la mayor de los descendientes del ex alcalde y también diputada autonómica desde diciembre pasado. Según informes policiales, el empresario Enrique Ortiz constituyó con otros constructores varias sociedades ficticias para ocultar la entrega de los tres “bungalows”, uno de los cuales habría ido a parar a manos de la nueva diputada. Elisa Díaz sustituyó en el escaño al ex alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, que tuvó que dimitir después de que el TSJCV lo condenara a tres años de prisión y nueve de inhabilitación por los delitos de falsedad documental y prevaricación en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de su localidad.

Embargado e insolvente
El aún diputado autonómico del PP tiene una trayectoria política casi tan larga como la relación de asuntos polémicos que ha tenido que ir afrontando y de los que ha ido saliendo indemne. Nacido en Oviedo en 1945, fue alcalde de Alicante durante más de trece años, concretamente entre 1995 y 2008. Cuando recibió la vara de mando, un juez acababa de archivar por prescripción un proceso por antiguas relaciones inmobiliarias, debía 25 millones de pesetas a bancos y a la Seguridad Social tras quebrar la empresa Alivacsa de su propiedad, dedicada a precocinados. Con una orden de embargo, se declaró insolvente.

El caso de los aparcamientos
En 2005 fue imputado por la fiscalía anticorrupción por el desfalco de la empresa pública Mercalicante y exculpado por el juez tras una instrucción que recurrió el fiscal. Poco después, fue acusado de prevarivación, tráfico de influencias, falsedad, malversación de caudales públicos y apropiación indebida en el caso de la construcción de unos aparcamientos públicos que construyó Enrique Ortíz. Con Díaz Alperi fueron también inculpados la entonces concejala de Urbanismo y actual alcaldesa, Sonia Castedo y el empresario Ortiz. Los tres vértices del mismo triángulo protagonista del caso Brugal. En las elecciones autonómicas de 2007, Díaz Alperi fue elegido diputado en les Corts Valencianes, por lo que el sumario del caso de los aparcamientos pasó al TSJCV, que en menos de cinco días archivó la causa con la oposición del ministerio fiscal.