Las comunidades autónomas de Andalucía y Asturias, gobernadas por el PSOE, han mostrado hoy su preocupación por el futuro de la ley de dependencia y han criticado la "orientación" hacia la privatización de servicios a raíz de la reforma de esta norma aprobada por el Ejecutivo.


Asturias y Andalucía
Así lo han puesto de manifiesto la consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, y la responsable asturiana de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, antes de participar en la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que preside la ministra de Sanidad, Ana Mato.

Criterios de distribución
En esta reunión, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las autonomías acordarán los criterios para distribuir las partidas de los Presupuestos Generales del Estado destinadas a subvencionar el nivel mínimo de la ley de dependencia.

Quebranto a las comunidades
La consejera andaluza ha comentado que el "nivel acordado de financiación de las dependencia está representando un quebranto a las comunidades en el sostenimiento" de esta prestación. Andalucía, según Montero, ha dejado de recibir más de 200 millones de euros en solo dos años para financiar el sistema.

Disminución de fondos
Montero ha dicho que esta disminución de fondos, junto con el "esfuerzo" que se les pide a las autonomías cinco veces superior al del Estado en el objetivo de estabilidad presupuestaria, hace que esté en este momento "francamente" preocupada por "lo que va a ocurrir con el futuro de la ley".

Sin expectativas ante la reunión
La responsable andaluza de Salud y Bienestar Social ha declarado que no tiene muchas expectativas ante esta reunión, que es "meramente de trámite para continuar la hoja de ruta de retirada del Gobierno de las prestaciones sociales y del desmantelamiento del sistema de la dependencia". A su juicio, los servicios de dependencia "sin duda" corren peligro porque las autonomías no pueden compensar la disminución de la financiación que aportaba el Gobierno central. "Lo que no podemos sostener es que otra administración se retire porque esto hace inviable el desarrollo de la ley", ha añadido Montero.

Tícket de Esperanza Aguirre
Para la consejera andaluza, la "pretensión" del Gobierno es que la ley se desarrolle "como propuso" la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, "con una especie de ticket que se le da al ciudadano con una cuantía económica y que las personas se busquen la vida".

"Cheque-servicio"
En un sentido parecido se ha pronunciado la consejera asturiana, que ha lamentado las "medidas de recorte" del Gobierno en la ley de dependencia. A su juicio, se produce con esta reforma de la ley "una clara orientación hacia la privatización de servicios" y se favorece el "cheque-servicio". La consejera asturiana ha mostrado su oposición a estos "recortes" del Gobierno en la dependencia y ha comentado que se puede producir una paralización definitivamente de esta ley.