Recurso contra el TSJV
Así lo explica la sentencia del Alto Tribunal de fecha 18 de julio de 2012, que estima el recurso interpuesto por la empresa Tele Elx contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJV ), que en 2008 había confirmado la legalidad de la resolución de 30 de enero de 2006 con la que se adjudicó la explotación de los programas de TDT con cobertura local.
La firma de González Pons
En julio de 2005, la Generalitat convocó un concurso público para adjudicar 42 canales divididos en 14 lotes. Medio año después, el 30 de enero de 2006, el entonces conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación, Esteban González Pons, firmaba la resolución. Pero en ese concurso, según el Tribunal Supremo la Mesa de Contratación "no había cumplido la obligación de ponderar los criterios de valoración establecidos en las bases de la convocatoria del concurso", que obligaban a este órgano a evaluar a las candidatas en virtud a su propuesta tecnológica, económica y programación.
Falta de imparcialidad
La Mesa había contratado a una empresa privada como "asesoramiento técnico", lo que es legal, pero no que se le atribuyera "en exclusiva la función de valorar las ofertas". Subraya el Alto Tribunal que "si, como aquí ha sucedido, la valoración la realiza directamente una entidad privada, cuya competencia técnica puede ser indiscutible pero carece de las notas de objetividad e imparcialidad que es propia de los órganos técnicos de la Administración, se omiten los fundamentos sobre los que se asienta su presunción de acierto".
Adjudicaciones a Ulibarri
De los 42 canales privados finalmente adjudicados, la mayor parte fue a parar a medios de comunicación afines al Partido Popular. Precisamente, la empresa más beneficiada fue Mediamed Comunicación Digital, de José Luis Ulibarri, el magnate de la construcción imputado en la Gürtel y cuyos negocios fueron puestos como ejemplo del modus operandi de la trama por el juez Baltasar Garzón.
Recién constituida
La empresa de Ulibarri se hizo con adjudicaciones en 13 de los 14 lotes repartidos, a pesar de que se había constituido sólo unos meses antes de que se resolviese el concurso. La compañía, así como el imperio de la construcción que había levantado, se vinieron abajo y acabaron en concurso de acreedores después de que se destapase la mayor trama de corrupción de la democracia.
