Dice el Consejo de Ministros que es prioritario “prevenir y erradicar las desapariciones forzadas, de manera que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y disfrutar así de una ciudadanía democrática verdadera y plena”... Obviando nuestro estupor, nos congratulamos por estas palabras animándoles a pasar al campo de los hechos en el país donde más de 150.000 españoles desaparecieron, tirados por cunetas y barrancos y esperando esa política de ayuda.

Pasó agosto y nada se sabe de la convocatoria de ayudas para las exhumaciones que este mismo Gobierno dijo que seguiría subvencionando; seguir con la política de apoyo económico sería la primera prueba de que se creen lo que declaran. Reclamamos una acción decidida para sacar los restos de allá donde se encuentren, primer derecho de las víctimas vivas de aquellas miles de desapariciones.

No es de recibo hacer estas declaraciones y seguir mirando hacia otro lado e incluso obstaculizar las pocas exhumaciones que llevamos adelante las mismas ONG y Entidades a las que también alaba la declaración gubernamental del 24 de agosto. No queremos tanta alabanza; lo ideal es que no fuésemos necesarios porque el mismo Estado que causó la tragedia, los mismos Ayuntamientos cómplices de enterramientos clandestinos en sus cementerios (al igual que la Iglesia), por ley, se hicieran responsables de resolver las desapariciones que entre todos consumaron frente a los familiares que nunca dejaron de reclamar los restos.

Cruel ironía del destino que Josefa Celda vea iniciar en Paterna la exhumación de su padre al día siguiente del Día Internacional dedicado a personas como ella; más cruel aún es que Pedro Alcorisa ni siquiera haya tenido esa suerte por tener a su padre aún desaparecido y secuestrado en el Cementerio Civil de Valencia, donde Rita Barberá impide que este anciano recupere a la víctima de un entierro clandestino, con la complicidad del mismo Ayuntamiento que sigue negando la resolución.

Con todo, lo preocupante es la nula respuesta social, que evidencia, con la que está cayendo, que el éxito total de aquel Plan de Mola está cercano si no rompemos la indiferencia haciendo que las víctimas españolas también cuenten en la estadística internacional, base para que les llegue la Justicia y Reparación que también pide Naciones Unidas. Su muerte definitiva será el día en que ya no cuenten ni en los periódicos ni en la conciencia de sus compatriotas; ese día las campanas doblarán también por nuestra dignidad democrática y social.

Matías Alonso Blasco es coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica