Priorizar la empresa privada sobre los cuidados familiares
La consejera canaria ha indicado que la actual ley da prioridad a los servicios profesionales y tiene como excepción el cuidado de los dependientes por parte de los familiares, un aspecto que la reforma planteada por el Ministerio pretende reforzar. Por eso, reducirá el quince por ciento la prestación económica que el Estado aporta por el cuidado de los dependientes en el entorno familiar. "En estos momentos, el Estado quiere primar a las comunidades que apostamos por los servicios profesionales y no por los cuidadores familiares", ha afirmado Rojas, quien ha subrayado que su comunidad ya tiene ese enfoque porque "saca y libera a las mujeres", que son las "eternas cuidadoras".
Criterio que pesará en la distribución del dinero
Además, se cambiará el criterio de asignación del dinero del Estado a las comunidades de forma que si hasta ahora recibían más las que mayor número de usuarios tenía y con una gravedad mayor, con la reforma se tendrá en cuenta también la gestión que cada comunidad haga de su red de servicios. Rojas también ha explicado que con la modificación de la ley desaparecen los dos niveles en que se divide cada grado de gravedad de la dependencia.
Sin pago de la Seguridad Social a los familiares que se incorporen como cuidadores
Por su parte, la consejera gallega Beatriz Mato ha hecho una valoración "positiva" de los acuerdos que se están alcanzando en el Consejo ya que, ha dicho, permitirán que desde las comunidades autónomas se incorporen al sistema nuevos dependientes, si bien ha admitido que a corto plazo no lo van a hacer todos. En ese sentido, ha precisado que se aplazará hasta el año 2015 la incorporación de personas dependientes de grado 1, mientras que se mantendrá la de los valorados en grados 3 y 2. Asimismo, el Gobierno ha planteado mantener el pago de la Seguridad Social a los cuidadores no profesionales que ya estaban dados de alta, pero no financiarla en el caso de los familiares de nuevos dependientes.
Medidas "difíciles"
La consejera gallega, que ha admitido que las medidas que se han tomado son "difíciles", ha dicho que el Gobierno ha facilitado a los consejeros un calendario a cinco años con una ponderación económica, pero ha pedido que el porcentaje aportado sea mayor y se lleve a cabo en menos plazo porque "el espíritu de la ley es fomentar los servicios frente a las pagas". No obstante, ha señalado que a su juicio el Gobierno "apuesta por el futuro de la ley de dependencia y por su sostenibilidad", algo que a su juicio "hay que tener en cuenta", dadas las circunstancias económicas.
