El FROB considera que "la naturaleza de los posibles delitos" en la gestión del Banco de Valencia, intervenido por el Banco de España en noviembre de 2011, "el número de supuestos afectados y la repercusión en la economía nacional" exigen la "inmediata actuación de la Audiencia Nacional", informa El País.

Un juzgado de Valencia tramita una querella de pequeños accionistas
La denuncia del FROB se suma a las actuaciones iniciadas ya por el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia contra los exgestores del banco después de que una asociación de pequeños accionistas presentara una querella. La titular del citado juzgado solicitó entonces un informe al FROB para saber si hubo alguna irregularidad en la gestión de los antiguos administradores del banco. El FROB le ha respondido que abrió una investigación de oficio y que ahora se dispone a denunciar el caso ante la Audiencia Nacional ante la gravedad de las posibles irregularidades.

La denuncia de los pequeños accionistas es contra los miembros del Consejo de Administración y otros órganos de dirección, entre los que se encuentra José Luis Olivas, en representación de Bancaja -que poseía el 39 % del Banco de Valencia-, Antonio Tirado, Domingo Parra, Celestino Aznar y Agnés Noguera, así como el representante de Deloitte.

UPyD denuncia al Consejo de Administración de Bankia
Por otra parte, UPyD presentó este lunes una querella ante la Audiencia Nacional, que aún debe ser admitida a trámite, contra los miembros del Consejo de Administración del grupo Bankia, a los que acusa de cometer al menos cinco delitos durante el proceso de salida a Bolsa de Bankia.

Contra Rato y 32 consejeros
UPyD señala en su denuncia que el expresidente del grupo financiero, Rodrigo Rato, y los 32 consejeros de Bankia y su matriz, Banco Financiero y de Ahorro (BFA) pudieron cometer un delito de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas.

El partido que dirige Rosa Díez ha solicitado al juez una serie de medidas cautelares que incluyen la intervención judicial del grupo Bankia, que supondrá la sustitución de los gestores por un administrador concursal y el requerimiento a los querellados de una fianza que cubra la responsabilidad civil o, en su caso, el embargo de los bienes para hacer frente a esta.