Tras una magnífica gestión de Jaime Terceiro, propuesto por Leguina, Aznar colocó al frente de Cajamadrid a su amigo, Miguel Blesa. Compraron un banco en Florida, el Citibank of Florida, presuntamente al doble o triple de su valor de mercado; desarrollaron operaciones inmobiliarias inopinadas en México (proyecto Su Casita), se sobreexpusieron al mercado inmobiliario, le prestaron mil millones de euros fallidos a Martinsa, vendieron como exitosas determinadas operaciones en Rumanía y compraron una cuarta parte de Iberia. ¿Podríamos tener una comisión de investigación donde se aclararan todos estos extremos?
Ante este desaguisado, Esperanza Aguirre convirtió el Consejo de Administración de Cajamadrid en un cambo de batalla contra Gallardón (y viceversa). La desestabilización de la entidad no se hizo esperar, los escándalos, las declaraciones estruendosas, el miedo de los depositantes, las presiones. ¿Quizás se niega la comisión de investigación ante el miedo, pánico institucional, a que la administración tutelante, Esperanza Aguirre, no pueda ya tapar sus vergüenzas con declaraciones extemporáneas sobre fútbol e himno?
Al final Rodrigo Rato se hizo cargo de una institución vapuleada por su propia administración tutelante, la Comunidad de Madrid. El hombre que creó la burbuja inmobiliaria en España fue capaz, según Deloitte, de sobrevalorar los activos inmobiliarios de la entidad en 3.500 millones de euros. ¿Podrían los gestores de Bankia comparecer ante el Parlamento y la Asamblea de Madrid para poder explicar esta ingeniería?
Para mayor abundamiento, Rato introdujo un concepto en el activo, créditos fiscales futuros, por valor de 2.500 millones de euros, presuntamente para seguir inflando, esta vez de forma excéntrica, el activo de la entidad. Así, cuestión de fondo, presentó unos beneficios de 300 millones de euros que ahora se reconocen como pérdidas por valor de 3.500 millones de euros. ¿Acaso no debería Rato dar explicaciones a todos los españoles en sede parlamentaria?
No se quiere una comisión de investigación, ni Aguirre, ni Rajoy. Los motivos, la respuesta a esta negativa, está en las mismas preguntas que podrían hacerse. El triunfo de la opacidad y, probablemente, la presunta ocultación de varios delitos.
Antonio Miguel Carmona es miembro del Comité Federal del PSOE, secretario de Economía del PSM-PSOE, Portavoz de Hacienda del PSOE en la Asamblea de Madrid y profesor de Economía
