La propuesta de ICV-EUiA, dada a conocer este lunes, coincidió en el mismo día con las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, quien afirmó que la Iglesia podría pagar el impuesto, pero “en detrimento de otras acciones”, como las de Cáritas. Al respecto, el ecosocialista Ricard Gomà opinó que “es deplorable que el cardenal amenace con recortar el presupuesto de Cáritas para conservar un privilegio fiscal”.

La propuesta de ICV
En su texto, ICV-EUiA pide que se grave a todas las religiones, se recuerda que la exención incluye a “los templos, residencias, oficinas, seminarios, conventos, pisos, locales y solares que son propiedad de la Iglesia”, y se solicita la elaboración de un censo.

La respuesta del PP
Desde el PP, Alberto Fernández Díaz, presidente del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Barcelona respondió que “han descubierto lo que no habían visto en 32 años de gobierno en Barcelona”.

El tratado del Estado con el Vaticano
La exención del impuesto está regulada por la Ley de Haciendas locales, que recoge el acuerdo de Asuntos Económicos entre el España y el Vaticano, de 1979. Por su parte, la Ley de Mecenazgo, de 2002, aprobada por el PP, establece igualmente que las entidades jurídicas, inscritas en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, tengan estas bonificaciones.