La enorme exposición de la matriz de Bankia al sector inmobiliario era vox populi desde hace muchos meses y el Ministerio de Economía, con su titular, Luis De Guindos, a la cabeza, ha intentado en repetidas ocasiones montar operaciones de fusión que contribuyeran a diluir estos riesgos. Rodrigo Rato alegaba siempre que estaba haciendo el mayor recorte de costes y estructura de la banca española, a la vez que sostenía la conveniencia de un banco malo como salida para los activos procedentes de la burbuja inmobiliaria. Es curioso que justo cuando el Ejecutivo acepta como solución general el banco malo haya decidido acudir públicamente en auxilio de Bankia y haya forzado la dimisión de su presidente.
Malas cifras
Tener 51.468 millones de euros en riesgo inmobiliario, frente a los 31.900 del Santander, los 27.000 millones de La Caixa o los 17.000 millones de BBVA ha sido, sin duda, un hecho determinante. Pero también lo ha sido el hecho de que Rato se haya opuesto a cualquier solución que supusiera una fusión forzada. El presidente dimisionario ya tuvo un enfrentamiento importante con el PP de Aznar cuando, siendo vicepresidente del Gobierno, en un Consejo de Ministros previo a la entrada de España en el conflicto se mostró en contra de la guerra de Irak. Eso le costó que Mariano Rajoy fuera el sucesor elegido por el entonces todopoderoso presidente José María Aznar.
De Aznar a Aguirre
Después de un tormentoso paso por el Fondo Monetario Internacional, organismo del que dimitió alegando razones personales con un importante enfado por parte de algunos de los países más importantes de los que forman su consejo, Rato fue elegido como “hombre de consenso” por Esperanza Aguirre para presidir Bankia cuando Caja Madrid tuvo que afrontar que su complicada situación requería entrar en el proceso de fusiones. Sustituía en el cargo a Miguel Blesa, quien había presidido la caja madrileña bajo los mandatos en la Comunidad de Madrid del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y de la propia Aguirre.
Prevención de Rajoy
Mariano Rajoy nunca estuvo muy de acuerdo con tener cerca la sombra de Rato, y mucho menos cuando había sido propuesto por Esperanza Aguirre. Para Rodrigo Rato, sin embargo, la presidencia de Bankia era un trampolín perfecto para mantenerse en primera línea de actualidad y terminar su vida pública como máximo directivo de una de las primeras entidades financieras de España. La ocasión para resolver la disputa la ha brindado en bandeja el riesgo inmobiliario del banco.
Bonos convertibles
Con la presión de los mercados y la escusa de tener que sanear cuanto antes Bankia para que pueda entrar en igualdad de condiciones con los demás en la solución del banco malo, el Gobierno echa mano de uno de los mecanismos previstos en el decreto-ley de reforma financiera de febrero pasado, que es la emisión de bonos convertibles en acciones. Con ella, obliga a Bankia a emitir títulos que comprará el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), con garantía del Estado. Esos bonos pagarán al erario público un interés que podría estar en el entorno del 8% hasta que sean recomprados por la entidad con cargo a sus propios recursos cuando logre recuperarse. Si no lo lograra, el Estado ejecutaría los bonos y se convertiría en accionista del banco.
Intervención indirecta
No es una intervención al uso, como las que se han realizado con otras entidades financieras como la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), NovaCaixa Galicia o Catalunya Caixa, pero es una forma de tapar el agujero con el aval del Estado a través de unos bonos que no son exactamente un préstamo, sino una fórmula que permite la nacionalización. Tras este movimiento del Gobierno, Rodrigo Rato no tenía más remedio que dimitir y así lo ha anunciado.
