120.000 euros de minuta
Como ya informó EL PLURAL.COM en Abril, la Junta de Andalucía abonó casi 120.000 euros al bufete Olivencia-Ballester, presidido por Manuel Olivencia, suegro del líder del PP andaluz Javier Arenas, procedente del fondo para empresas en crisis dotado con 647 millones. El bufete asesoró en 2001 a la empresa pública Santana Motor, participada al 100% por la Junta, para externalizar algunos componentes de los coches que fabricaba, y por ello facturó 119.828 euros. Pero la Consejería de Empleo pagó la minuta a través del mismo fondo con el que subvencionó los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que la juez Mercedes Alaya investiga ahora, según reflejan las diligencias abiertas.
Reseñado en el auto de la jueza
De nuevo hoy el tema sale a la palestra a través de la edición digital de "Público" pero con una variante grave para el propio Javier Arenas y es que esta información destaca que el auto dictado el pasado 14 de marzo por la jueza Mercedes Alaya incluye dos facturas de casi 120.000 euros cobradas por el bufete de Manuel Olivencia, suegro de Javier Arenas, como parte de las "cantidades de dinero que de manera presuntamente ilícita han salido del erario público" por orden del ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, en prisión desde la semana pasada.
Explicaciones del cuñado de Arenas
Prosigue "Público" explicando como cuando, en abril de 2011, aparecieron las primeras noticias de esos cobros, Luis Olivencia, cuñado de Arenas y director actual del bufete, declaró: "Se nos llamó para prestar un servicio y no nos preocupamos de la situación interna de Empleo, solo de que nos vuelvan a contratar".
Pago al bufete "sin que conste causa legal para ello"
En este auto judicial -de diligencias previas para determinar las responsabilidades pecuniarias de Guerrero por su irregular gestión de los fondos públicos- la jueza que investiga los ERE fraudulentos alude textualmente a "facturas de asesoramiento a empresas (sin que conste causa legal para legal para ello)", que se corresponden con doce pagos realizados por Guerrero en 2002. De esa docena de pagos, dos fueron girados al Bufete Olivencia Ballester y los diez restantes a Estudio Jurídico Villasís, si bien la mayoría de fondos desembolsados fue, con mucha diferencia, para el Bufete Olivencia-Ballester, con casi 120.000 euros sobre un total de unos 160.000 pagados.
Asesoramiento a Santana Motor
El detalle de los pagos está incluido en un desplegable incorporado a las diligencias judiciales. El despacho de Olivencia asesoró en 2001 a Santana Motor, empresa participada al 100% por la Junta, para externalizar componentes de su cadena de automoción. La factura fue exactamente de 119.828 euros, que la Consejería de Empleo abonó con dinero del mismo fondo con el que subvencionó los ERE fraudulentos. En ese auto la jueza impuso una fianza civil de 686 millones de euros a Guerrero para hacer frente al "ingente despilfarro" de dinero público presuntamente cometido. Alaya impuso esta medida en concepto de responsabilidad civil y no para eludir la prisión.
Comisario de la Expo 92
Manuel Olivencia fue comisario general de la Expo de Sevilla en 1992 (aunque dimitió antes de la inauguración) y catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad sevillana, profesor entre otros del expresidente Felipe González. En 2006 su firma se integró en el potente bufete Cuatrecasas.
Otro asesoramiento en el ERE de “Cárnicas Molina”
Como ya informó ELPLURAL.COM, Olivencia Ballester ya asesoró en 1999 a la Junta para recurrir una sentencia que cuestionó las ayudas públicas concedidas a la empresa Cárnicas Molina, un quebradero de cabeza que fue el detonante de la creación del fondo para empresas en crisis, denominado “fondo de reptiles” por el exdirector general Javier Guerrero, aunque luego se desdijo.
Críticas del PP
Cuando hace un año trascendió la posible relación del bufete Olivencia con la investigación de los ERE, el PP acusó al PSOE de “no tener escrúpulos” al intentar comparar a un jurista de prestigio como Olivencia con los intrusos aparecidos en los ERE irregulares financiados por la Junta y con comisionistas “de poca monta”. Sin embargo ahora es la propia juez quien cuestiona e investiga la legalidad de las facturas y servicios prestados por el bufete del suegro de Javier Arenas
