Octagon Esedos es una empresa investigada dentro del ‘caso Babel’, en el que está imputado Iñaki Urdangarin. Dicha compañía estaba participada por Namaste 97, otra sociedad que era propiedad de la infanta Cristina, dos de sus hijos y un socio de Urdangarin. Además, el duque de Palma fue encargado de desarrollo y planificación de Octagon de 2002 a 2003, año en el que tuvo que salir del accionariado.

Salida del accionarado
En Octagon aseguran que Urdangarin no tiene nada que ver con la empresa desde entonces y que se marchó porque tenía negocios que entraban “en competencia directa” con los suyos. Sin embargo, la revista Interviú cita a fuentes que aseguran que el duque de Palma dejó el accionariado ante la posibilidad de ser nombrado vicepresidente de Comité Olímpico Español y para evitar incompatibilidades.

Participada por Motorpress
En cualquier caso, los expertos de la lucha contra la delincuencia financiera no se fían de la versión de Octagon, entre otras cosas porque está participada al 25% por Motorpress, una compañía en la que Urdangarin tuvo cargos directivos hasta 2009 y de la que recibía pagos que sumaron 1,3 millones de euros.

Contratos con Matas
Octagon consiguió jugosos contratos con administraciones del PP, como el que firmó con Jaume Matas en 2006, totalmente confidencial, y que le entregó  1,2 millones de euros. Urdangarin ya no formaba parte de la empresa, pero según Interviú, los desembolsos del Gobierno balear a Octagon coincidían en el tiempo con los pagos a Urdangarin por parte de Motorpress.

Presunta financiación ilegal
También en aquellas fechas, Octagon consiguió un contrato de la Generalitat de Francisco Camps para la gestión del Open de Valencia de Tenis. Fue entonces cuando la empresa contrató a El Bigotes para montar y amenizar la carpa de la Generalitat, según afirma la Policía, pero niega la empresa. Ahora, la sospecha que tienen los agentes es si aquellas facturas a nombre de un cabecilla de la Gürtel, que suman 36.000 euros, se correspondían con servicios reales o eran comisiones a los políticos conservadores, tal y como se está investigando en la pieza sobre la supuesta financiación ilegal del PP valenciano.