Comenzando por Ana Mato, no estaría de más recordar que su nombre aparece en algunos folios del sumario del caso Gürtel por haberse beneficiado de numerosos viajes que se dicen fueron abonados por sus cabecillas, si bien no fue citada como imputada por entenderse prescritos los delitos supuestamente cometidos; aunque es de mayor conocimiento público el Jaguar que Correa le regaló a su exmarido Jesús Sepúlveda cuando ambos convivían. Y no estaría de más recordar su activa colaboración en el año 1997 en el caso Sogecable cuando, en plena guerra digital, siendo vicepresidente del gobierno Álvarez-Cascos, el PP trató de paralizar el inicio de la actividad empresarial de Canal Satélite Digital con graves y falsas acusaciones; la ilegalización de su descodificador fue una burda maniobra de abuso de poder que nos costó a todos los contribuyentes 26,4 millones de euros (más de 4.400 millones de las antiguas pesetas) por los daños y perjuicios causados. Aunque si tenemos que buscarle ahora algún ministerio, quizás el más apropiado sería el de Educación, con eso de que considera que los niños andaluces “están en el suelo de las escuelas” y “son prácticamente analfabetos“.
Siguiendo por Federico Trillo, este personaje siniestro que de haber tenido un mínimo de vergüenza ya se habría retirado de la política activa, se hizo famoso por el accidente del Yak-42, en el que no solo no asumió sus responsabilidades políticas, sino que incluso fue capaz de atribuir toda la responsabilidad a la cúpula militar, siendo él el máximo responsable como Ministro de Defensa. Si bien en los últimos años destacó por haberse convertido en el cerebro de la conspiración política-judicial para perseguir a Baltasar Garzón, hasta conseguir su expulsión de la carrera judicial y sentarlo en el banquillo de los acusados por haber tenido la osadía de descubrir e investigar el caso Gürtel.
Acabamos por Esteban González Pons, el hombre de las frases lapidarias, que se dice pasará a la historia como un “gran pensador”, y que estuvo en la lista de los imputables del caso Gürtel. Su sonrisa artificial inspira poca confianza, que podría llegar a desaparecer si se investigasen en profundidad las razones por las que siendo Consejero de Cultura, Educación y Deporte en el gobierno de Francisco Camps, en 2005 firmó de su puño y letra, sin licitación previa, un convenio por el que la Generalitat valenciana se comprometía a pagar a Iñaki Urdangarín cinco millones de euros públicos si conseguía que Valencia albergase los Juegos Olímpicos Europeos; el duque de Palma se llevó finalmente 382.000 euros, pese a que el evento jamás se celebró ni pasó de ser una mera idea sobre el papel.
Con estos antecedentes, ¿nos merecemos los españoles que sean nombrados ministros estos personajes bajo sospecha?. Lo lamentable es que es muy posible que Rajoy lo haga, lo que nos llevará a preguntarnos las verdaderas razones de tal decisión, que le convierte en encubridor de conductas tan pocos ortodoxas.
Fernando de Silva es abogado y autor del blog SInLaVeniA
