"Expolio pío"
En numerosos municipios buena parte del patrimonio público, mantenido con las aportaciones de los vecinos, se había convertido en propiedad de la Iglesia, que ha inmatriculado ermitas, arbolados, terrenos y almacenes. Entre las comunidades más afectadas se encuentran Navarra y la Comunidad Valenciana. Ahora la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro se felicita de que tras sus denuncias y las alertas de algunos medios se hayan registrado esta semana en el Parlamento dos iniciativas para poner freno "expolio pío".
Llamazares pregunta por el "saqueo" en el Congreso
Por un lado, IU ha registrado en el Congreso una serie de preguntas sobre lo oucrrido desde el decreto del 98, que tachan de "operación planificada de saqueo, una 'desamortización' al revés" al amparao de las leyes aprobadas por el PP. Así, el diputado Gaspar Llamazares preguntará al Gobierno si suprimirá "el anacrónico privilegiado" que permite a los obispos actuar como funcionarios públicos para adueñarse de bienes inmobiliarios mediante las inmatriculaciones en el Registro de la Propiedad.
¿Devolución o expropiación?
El diputado de IU también planteará al Gobierno si solicitará a la Iglesia la devolución "de buena voluntad" de esos de los que se ha apropiado desde 1998, y en caso contrario si se los expropiará para restaurarlos al dominio público. También insta a que la FEMP alerte a los municipios de la necesidad de inmatricular sus bienes y hace lo propio con el Gobierno para que presente un recurso de inconstitucionalidad contra las leyes hipotecarias del PP que han permitido estas apropiaciones.
Iniciativa de Entesa en el Senado
Por otra parte, el senador de la Entesa Joan Saura ha presentado una moción para que se reforme la Ley Hipotecaria que permite a la Iglesia inscribir propiedades sin título de dominio. Saura denuncia que la Iglesia española ha estado y está registrando unilateralmente y de forma opaca a su nombre edificios del patrimonio nacional que no estaban registrados a nombre de nadie. Alerta asimismo de que muchos municipios, la mayoría de ellos pequeños, están inmersos en litigios para pedir que vuelvan a ser de titularidad pública equipamientos que siempre lo habían sido pero que han sido registrados por la Iglesia.
