La ampliación de la zona de estacionamiento regulado de Guadalajara ha entrado en una nueva fase de incertidumbre cuando falta menos de una semana para su entrada en vigor. La alcaldesa de la ciudad, la 'popular' Ana Guarinos, ha abierto la puerta a un posible aplazamiento o incluso a una modificación de la medida, prevista para el próximo lunes 18 de mayo, después de las protestas vecinales y de las críticas acumuladas contra un plan impulsado por el Gobierno municipal de PP y Vox que duplicaría prácticamente las plazas de pago en la capital.
"De aquí al lunes pueden pasar muchas cosas. Podría haber un nuevo aplazamiento o podríamos tomar otro tipo de decisiones", ha afirmado Guarinos este miércoles a preguntas de los medios. La regidora ha asegurado que el Ejecutivo local mantiene contactos con comunidades vecinales y residentes y que actuará "pensando en lo mejor para los guadalajareños", aunque sus palabras llegan después de que el malestar ciudadano se haya traducido ya en concentraciones y nuevas movilizaciones previstas para los próximos días.
La posibilidad de un nuevo retraso no sería menor. De confirmarse, supondría la segunda vez que el equipo de Gobierno de PP y Vox aplaza la implantación de la nueva ORA, que inicialmente estaba prevista para el pasado viernes 1 de mayo. La medida ha recibido críticas desde su anuncio por parte de vecinos y vecinas de las zonas afectadas, que la han calificado como un "despropósito" y han denunciado el impacto económico y cotidiano que tendrá sobre residentes y usuarios.
El nuevo sistema contempla la creación de 1.190 nuevas plazas de estacionamiento regulado, lo que elevaría el total hasta 2.293 plazas controladas. En la práctica, Guadalajara pasaría a tener casi el doble de aparcamientos sujetos a pago. La zona azul alcanzaría unas 1.297 plazas, alrededor de 500 más que hasta ahora; la zona roja sumaría unas 640, con unas 200 nuevas pensadas para residentes, aunque también podrían utilizarlas no residentes pagando más que en la azul; y la zona verde o disuasoria incorporaría unas 360 plazas, inexistentes hasta ahora, con una tarifa de 2 euros por todo el día dentro del horario de la ORA.
Tras defender una ampliación muy contestada, la alcaldesa ha intentado vincular la medida a las obligaciones derivadas de la Zona de Bajas Emisiones que la Ley de Cambio Climático exige a los municipios de más de 50.000 habitantes. Sin embargo, esa explicación no ha despejado las críticas, especialmente porque la propia ZBE de Guadalajara fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha al apreciar defectos en la ordenanza aprobada por PP y Vox, que fue considerada "contraria a ley".
Críticas desde el PSOE
La oposición socialista ha cargado contra la alcaldesa tras sus últimas declaraciones y ha exigido que suspenda "de inmediato, y sin fecha" la implantación de la ampliación de la zona azul. El Grupo Municipal Socialista ha reclamado a Guarinos que deje sin efecto la entrada en vigor de las cerca de 1.200 nuevas plazas de pago y que empiece a trabajar en revertir una decisión que, a su juicio, carece de respaldo ciudadano.
"Desde el Grupo Municipal Socialista pedimos a Guarinos que pare ya este desastre, que es cien por cien suyo, y es quien tiene que solucionarlo; y que suspenda de manera urgente y, sine die, la entrada en vigor de la implantación de más plazas de pago en nuestra ciudad, una medida que es incomprensible, y que nadie quiere", han señalado desde el PSOE.
Los socialistas han incidido en que la alcaldesa debe "dar marcha atrás" y escuchar el malestar que ya se ha expresado en la calle. También han reprochado al Gobierno local el escenario generado con la ciudad ya parcialmente adaptada a la nueva regulación. En este sentido, han apuntado que "lo menos importante ahora es el ridículo que han hecho ya con media ciudad pintada", porque, según han indicado, los vecinos prefieren ese retroceso político a sufrir "otra patada a su bolsillo".
Contraste en el discurso fiscal del PP
La polémica de la ORA también ha vuelto a dejar en evidencia la distancia entre el discurso fiscal que PP y Vox suelen defender cuando están en la oposición y las decisiones que adoptan cuando gobiernan. Ambas formaciones han hecho bandera de las bajadas de impuestos y de la reducción de cargas para los ciudadanos, pero en Guadalajara la realidad ha avanzado en sentido contrario: el Gobierno municipal ha impulsado una ampliación que convierte en zona de pago casi 1.200 nuevas plazas de aparcamiento y que, en la práctica, supone un nuevo coste diario para vecinos, trabajadores y usuarios.
Ese contraste resulta especialmente significativo en una ciudad donde el Ejecutivo local ha intentado presentar la medida como una obligación derivada de la Zona de Bajas Emisiones, pese a que la ordenanza de la ZBE aprobada por PP y Vox fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por ser "contraria a ley". El resultado es que el Ayuntamiento ha acabado defendiendo una regulación más extensa del aparcamiento, con más zonas de pago y más presión sobre los bolsillos, justo lo contrario de la receta que la derecha suele prometer cuando no gobierna.
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