Los restos del dictador Francisco Franco seguirán descansando en el Valle de los Caídos, de momento. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el juez Baltasar Garzón después de que el Gobierno no respondiese una petición para que le mausoleo franquista se convierta en un Espacio de Memoria de las Víctimas y, por ende, se trasladasen los cuerpos del dictador y del general José Antonio Primo de Rivera.
La reclamación al Ejecutivo, amparada por el derecho fundamental de petición, se presentó el 19 de noviembre de 2015 por el exjuez y los abogados Manuel Ollé y Eduardo Ranz y el Ejecutivo de Mariano Rajoy tardó más de los tres meses permitidos, haciéndolo el 16 de septiembre de 2016.
Ante este silencio administrativo, los tres juristas decidieron reclamar al Supremo que ahora desestima la demanda sin dar más explicaciones y a la espera de la sentencia completa en los próximos días.
La mayor exaltación de la dictadura
Los juristas reclamaron en marzo del año pasado, pidiendo al alto tribunal que anulara la vigente regulación legal sobre el Valle de los Caídos y “aprobara (sic) una disposición de carácter general que establezca un nuevo marco jurídico”.
Además, pidieron que los restos de Franco y Primo de Rivera fuesen entregados a sus familias para que los enterrasen donde estimasen para que el mausoleo se convierta en un espacio de memoria donde las víctimas de la Guerra Civil, de la dictadura, de sus familiares y la sociedad española en general “puedan ejercitar su derecho a la verdad y a la reparación”.
Franco no fue obispo
En su reclamación ante el Supremo, los tres juristas también hacían mención al Arzobispo de Madrid, ya que estaría vulnerando los cánones eclesiásticos que recogen que no se debe enterrar a cadáveres en el interior de las iglesias a no ser que sean Papas, cardenal, obispos o arzobispos. “Ni Francisco Franco ni José Antonio Primo de Rivera son, o han sido, al menos de forma pública y notoria, romano pontífice, obispo o cardenal”.
