El Juzgado Número 38 de Madrid ha rechazado reabrir el caso de la venta de 1.860 viviendas sociales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo Blackstone durante la etapa de Ana Botella al frente del Ayuntamiento de Madrid. 

Demanda de deshaucio a la presidenta de afectados
El auto del juez Juan Antonio Sáenz de San Pedro Alba coincide en el tiempo con la demanda de desahucio enviada por Fidere, la empresa de Blackstone que gestiona las viviendas, a la familia de la presidenta de la Asociación de Afectados, Arancha Mejías, quien ya había denunciado “una represalia” contra ella “por ser la cara visible de esta batalla".

El juez dice que "noy hay datos nuevos"
En su auto, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, el juez Juan Antonio Sáenz de San Pedro Alba rechaza reabrir la causa, cerrada provisionalmente el 8 de enero de 2015 y confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid en septiembre del mismo año, porque, en su opinión, la defensa de los afectados y la solicitud de reapertura del Grupo municipal socialista y del Ayuntamiento de Madrid “no se aporta ningún dato o elemento nuevo que no hubiera sido ya previamente conocido a que no esté incorporado a la causa” y son “simples nuevas valoraciones de una misma realidad”.




Advertencia al Ayuntamiento de Carmena
El juez advierte en su escrito al Ayuntamiento de Madrid, que gobierna Manuela Carmena, que “podría ser, de llegarse hasta un hipotético juicio oral, responsable subsidiario si prosperase la acción penal”.

Las familias recurren
La defensa de las familias afectadas por la venta rechaza en su recurso que no existan elementos nuevos, como defiende el juez, y recuerda que “ninguno de los documentos aportados con nuestro escrito y citados en el Auto, los pudo tener en cuenta ni valorar el juzgado al momento de dictar su sobreseimiento provisional, porque son posteriores a ese momento y por tanto no obraban en las actuaciones”.

El abogado de la defensa, Mariano Beníez de Lugo alega en su escrito que en la solicitud de reapertura no había “valoraciones” o “interpretaciones”, sino “documentos públicos que contienen auténticos hechos que reflejan la incidencia penal” en las actuaciones del Ayuntamiento de Madrid durante la etapa de Botella en la venta de las viviendas.

El demoledor informe de la Cámara de Cuentas

La defensa cita el informe de la Cámara de Cuentas, que recoge una serie de irregularidades, entre éstas, que el Ayuntamiento de Madrid facilitó información privilegiada, antes de anunciar la operación públicamente el 3 de mayo de 2013, a empresas como Magic Real State-Blackstone, que fue la adjudicataria de la operación a través de su firma Fidere.

La Cámara de Cuentas señalaba en su informe  que los fondos que concurrieron a la operación presentaron sus ofertas incluso antes de que el proceso se hiciera público y que el Gobierno de Botella no fijó un pliego de condiciones, como establece la ley.

El PSOE dice que "llegará hasta el final"

El Grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid, que pedía, al igual que los afectados, la reapertura del caso, ha presentado este martes un recurso. La concejal Mercedes González, portavoz de Urbanismo y vivienda del PSOE en Madrid, en declaraciones a ELPLURAL.COM, ha dicho que “llegarán hasta el final”.

“Estamos desolados, teníamos esperanzas de que el juez reabriría el caso después del informe de la Cámara de Cuentas, de la comisión de investigación en el Ayuntamiento y de que el Tribunal de Cuentas abriera causa al entender que hubo una mala administración”, ha indicado la concejala socialista.

Mercedes González ha añadido que su grupo valora “otras vías jurídicas y demandas judiciales” porque considera este tema “prioritario”.