La Iglesia Católica lleva décadas inscribiendo a su nombre edificios de culto y de uso público (proceso denominado inmatriculación). Se apropian de inmuebles -exentos de impuestos, dicho sea de paso-, explotan el edificio, muchos cobran entrada y luego no se hacen cargo de la manutención y reparación del mismo. Una práctica iniciada durante la etapa franquista en 1946 con la ley Hipotecaria, norma en la que José María Aznar profundizó y no precisamente para mejorarla. Con la reforma de 1998, se permitía que catedrales, ermitas, iglesias y demás edificios públicos pudieran ser inmatriculados, con el visto bueno del Obispo de turno, ya que la figura de este se equiparó con un fedatario notario.

Ante esta coyuntura, el senador territorial de Compromís, Carles Mulet, presentó dos preguntas ante el Gobierno a fin de denunciar posibles abusos y de aclarar el asunto. Y es que, el Ejecutivo evita a toda costa ofrecer datos al respecto. Tal y como os contamos en ELPLURAL.COM, la Plataforma Navarra, en declaraciones a este medio, aseguró que “no dan el número de matriculaciones porque sería un escándalo”. De hecho, añade que hay malestar “incluso entre sectores de la propia Iglesia”.

En este sentido, Mulet preguntó para por los datos oficiales de las inmatriculaciones llevadas a cabo desde 1998 y para confirmar que se habían iniciado los procedimientos pertinentes para evitar que se produzcan abusos.

Sin respuesta

¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno? Ninguna. Desde Compromís señalan que “no deja dudas de parte de quién está”.

“El Ministerio de Justicia no dispone de dato alguno relativo a la inmatriculación de bienes de la Iglesia Católica al tratarse de una cuestión ajena al ámbito de sus competencias. Tampoco los Decanatos Autonómicos o Territoriales del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles disponen de tales datos”, reza la respuesta.

En cuanto a los resortes que cercan los posibles abusos, el Gobierno indica que “los asientos del registro están bajo la salvaguardia de los Tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en la Ley, debiendo por tanto acudirse a la vía judicial y no a la administrativa para demostrar los pretendidos abusos que en su caso se hayan podido producir”.

Mulet replicó que “fue precisamente con la reforma de Aznar” la que equiparó la figura del Obispo al fedatario notario y que “obviamente no va a ser parcial en estos casos”. “También fue gracias a Aznar que se les eximió de la obligatoriedad de publicitar la intención de inmatricular; así si nadie es avisado, nadie puede recurrir”, sentenció.

“Siempre se han negado a facilitar los datos”

La Plataforma de Navarra aseguró a ELPLURAL.COM el pasado septiembre que llevan casi una década exigiendo al ministerio de Justicia que ofreciera datos tangibles al respecto, “pero siempre se han negado”. El parlamento navarro y el vasco si ofreció algunos datos de las inmatriculaciones en sus respectivas comunidades, tras mucho insistir. Y como era de esperar, las cifras son inquietantes. Desde 1998, con la reforma de Aznar, se inmatricularon unos 1.087 inmuebles solo en Navarra. Por su parte, en País Vasco fueron más de 500.

En Valencia, la Iglesia ha aumentado su patrimonio inmobiliario un 38,5% en los últimos 10 años, sumando 99 propiedades nuevas a su nombre. Según señala el diario Levante, este montante equivaldría a unos 238 millones. En total, solo en la Comunidad Valenciana, el Estado eclesiástico tiene en su haber unos 2.419 inmuebles que suman 618 millones de euros, según datos del Catastro. Sin embargo, a pesar de las estimaciones que pudieran hacerse, la Plataforma de Navarra mantiene que “el valor es incalculable”.

Y, a pesar de todo, Mulet asegura que “la reforma del año pasado continua manteniendo los mismos privilegios para la iglesia en inmatriculaciones, simplemente las maquilla más”.