Hace cinco años, el 30 de diciembre de 2011, último Consejo de Ministros del año presidido por Mariano Rajoy, el Gobierno del PP daba a conocer el nombre de la localidad que albergaría el Almacén Temporal Centralizado (ATC), o lo que es lo mismo, el basurero nuclear que recogería los residuos radiactivos de las cinco centrales existentes en España. La localidad conquense de Villar de Cañas era la elegida entre cinco candidatas a pesar de ocupar el cuarto puesto en idoneidad y adecuación de terrenos.

El tándem José Manuel Soria-María Dolores de Cospedal se alzaba con el premio millonario de la construcción de este basurero radiactivo que ninguna comunidad en España quería albergar y que, finalmente, acogió la región que meses antes se había declarado anti-ATC gracias a la oposición del PSOE y del PP, partido este último que cambió radicalmente de postura y se posición a favor de la peligrosa instalación.

¿Qué hizo a Cospedal cambiar de opinión?

En enero de 2010 la entonces jefa de la oposición en el Parlamento de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, mostraba una vez más su oposición a un cementerio de residuos nucleares en Castilla-La Mancha, que “ya ha sido muy solidaria en materia nuclear”, sentenció.

Sin embargo, poco más de un año después y siendo ya presidenta de la comunidad cambiaba radicalmente de opinión se aliaba con el Gobierno de Mariano Rajoy, concretamente con el ministro de Industria, y ofrecía el territorio castellano-manchego para la instalación del ATC a cambio de controlar obras e inversiones. El ministro Soria no solo  accedió a las peticiones de Cospedal, también le permitió elegir al presidente de Enresa, la empresa estatal encargada de ejecutar las obras valoradas en 1.200 millones de euros. Un negocio redondo que la secretaria general del PP se disponía a vigilar y fiscalizar.

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Señal de Villar de Cañas (Cuenca) marcada por las protestas contra el ATC - Google Maps

Gil-Ortega le salió “rana”

Para ello eligió al exalcalde del PP de Ciudad Real, Francisco Gil-Ortega, en ese momento vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, carente de cualquier experiencia en el sector nuclear. Pero con lo que no contaba Cospedal era con la desastrosa gestión de Gil-Ortega y su dudosa administración financiera, lo que provocó su dimisión forzosa y la entrada en el “negocio radiactivo” de la “enemiga íntima” de la secretaria general, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que designó para sustituir al manchego a Juan José Zaballa, otro neófito en el mundo de residuos radiactivos y que hasta la fecha había presidido la red de Paradores.

Eso sí, el nuevo presidente paralizó la licitación de la obra principal del ATC, pero no así la licitación de obras y la compra de equipos y servicios por valor de decenas de millones de euros, que podrían ser totalmente inútiles, si finalmente el ATC no se llega a construir. En este sentido, los ecologistas denuncian la adquisición de  10 contenedores de doble uso por valor de 38,7 millones de euros, que provocó en su momento la dimisión de la jefa del departamento de Ingeniería de Residuos de Alta Actividad al negarse a firmar la documentación. Pero aún hay otros muchos contratos en marcha, como la compra de dos puentes grúa por valor de 14 millones de euros.

Responsabilidades políticas

Cuando se cumple el citado quinto aniversario y Cospedal parece haber perdido interés en el “negocio radiactivo”, pero preocupada por su prestigio en la zona, de ahí que presione al Gobierno para llevar a cabo el ATC en Villar de Cañas, como adelantó ELPLURAL.COM, cabe preguntarse qué ocurrirá si finalmente el basurero no se construye, ¿quién responderá, entonces, a la inversión inservible de 70 millones de euros, más otros tantos invertidos por Cospedal en acondicionamiento de carreteras cuando presidia el Gobierno castellano-manchego? Como bien dice la Plataforma anti ATC, la situación es kafkiana ya que el Ministerio de Industria empezó a tramitar la autorización de construcción del basurero antes de aprobar la autorización de su emplazamiento y con varios estudios geológicos y geotécnicos pendientes y algunos de ellos contradictorios.

La secretaria general del PP y el ex ministro de Industria, en los terrenos reservados para el cementerio nuclear

Sobrecostes millonarios

De no frenar esta sinrazón, la historia volverá a repetirse, los sobrecostes estarán a la orden del día y, una vez más, el ciudadano a través del recibo de la luz cargará con el desaguisado político. Y es que blindar el ATC de Villar de Cañas supondría incrementar sensiblemente los 1.200 millones que se estiman de inversión, hoy por hoy, innecesaria después de que las centrales nucleares españolas hayan decidió construir Almacenes Temporales Individuales (ATI) a pie de planta ante la incertidumbre del basurero nuclear conquense. Aun es más, el coste anual de un ATI se estima en algo más de un millón de euros.

La pregunta está clara: Si cada central cuenta con un almacén propio, ¿qué sentido tiene hacer uno nuevo en Villar de Cañas?

“Cacería de brujas”

Pregunta que también se hace el Gobierno de Castilla-La Mancha que a través de su portavoz, Nacho Hernando,  considera que “si se está realizando esa inversión, no tiene ningún sentido que volvamos a replantear un proyecto que desde su inicio los técnicos han valorado como inadecuado”.  Gobierno que paralizó el ATC de Villar de Cañas hace algo más de un año y que cree que ha “habido una lamentable campaña de cacería de brujas dentro del Consejo de Seguridad Nuclear hacia esos técnicos", señala Hernando.