Francisco Núñez, diputado regional del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha y hombre de confianza de María Dolores de Cospedal, que lo mantiene todavía al frente del partido en Albacete, provincia donde Núñez presidió la Diputación (2011-2015), vuelve a la palestra informativa al ser señalada esta institución bajo su mandato como centro de enchufismo y clientelismo, llegando incluso a alterar las bases de las oposiciones para acceder a un trabajo público, según las conclusiones a las que ha llegado la comisión de investigación creada para la revisión de la Oferta Pública de Empleo del año 2009, concluyendo que gran parte de los procedimientos de selección, que se desarrollaron del 2011 en adelante, “estuvieron lastrados por la falta de respeto a los requisitos básicos o principios rectores del acceso al empleo público… resultando un fiel y meritorio escenario del clientelismo político y social que tanto daño está haciendo a las instituciones públicas y a su imagen frente a la ciudadanía”.

“El alcalde de Giba Motors”

El actual alcalde de Almansa tiene en su haber una vergonzosa polémica sobre la fallida instalación de una empresa de montaje de vehículos fantasma, que bajo el nombre de Giba Motors engañó a 20.000 personas que echaron su currículum para conseguir un puesto de trabajo, auspiciada por Francisco Núñez, portavoz en la actualidad del PP de Cospedal en las Cortes de Castilla-La Mancha donde suele criticar con dureza las políticas llevadas a cabo por el presidente socialista, Emiliano García-Page. Ahora, los actuales regidores de la Diputación de Albacete, que Núñez presidió hasta 2015, le advierten que se “personarán como acusación particular en cualquier proceso penal que pueda reabrirse o plantearse de nuevas a la luz de la documentación existente, que se va a poner a disposición de cualquier interesado”, dicen.

Modus operandi y trato de favor

Y es que las conclusiones, que no han encontrado actos delictivos, pero sí numerosas irregularidades, señalan la existencia de un modus operandi “que ha dado como resultado un presunto trato de favor en algo tan grave como la obtención de puestos de trabajo en la administración pública de forma irregular, con el consiguiente perjuicio a todas las personas, que con gran esfuerzo económico, de tiempo y sacrificio personal y familiar, han visto frustrado o vulnerado los principios de igualdad, mérito y capacidad”. Dice la Comisión que, además, señala un “plus de gravedad, ya que existen personas que han perdido su puesto de trabajo como interinos y que fueron despedidos de forma intencionada, para posteriormente volver a contratar a otras personas consideradas afines, incluidas en las bolsas de sustituciones resultantes de la oposición, en los mismos puestos que antes ocupaban los interinos despedidos”.

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Relaciones de parentesco con el tribunal

Y no solo eso, PSOE, Ciudadanos y Ganemos-IU han podido constatar la existencia de casi medio centenar de parentescos entre miembros de los tribunales examinadores y familiares suyos que lograron un puesto de trabajo fijo en la Diputación. El caso más flagrante es el protagonizado por un trabajador que ejerció de vigilante en uno de los exámenes al que su hija se había presentado y en el que al final consiguió plaza. Pero aquí no queda la cosa, la comisión ha detectado el asunto de un funcionario que participó en la redacción de las bases, a las que posteriormente opositó, aprobando y consiguiendo la plaza en cuestión. Todas las irregularidades denunciadas e investigadas coinciden con los exámenes que realizó la Diputación en 2013 cuando Francisco Núñez dirigía la institución provincial.

Oposiciones ad hoc

La comisión de investigación, integrada por los sindicatos CC OO, UGT y SPPLB; los grupos políticos de Ciudadanos, Ganemos-IU y PSOE, que han votado a favor de las resoluciones, frente a los votos en contra de CSIF y Partido Popular, integrantes igualmente de la comisión, también ha denunciado la introducción en las bases de “variables que serán posteriormente resueltas a juicio del tribunal, y más cuando esas variables fueron propuestas por quien más tarde ocuparía la presidencia de dicho tribunal”, al mismo tiempo que considera “reprobable que se exija en la convocatoria estar en posesión de titulaciones accesorias o irrelevantes para el desempeño de la plaza, cuando se tiene la sospecha que las mismas solo las poseen unos determinados aspirantes”. O lo que es lo mismo, requisitos ad hoc que “pudieron favorecer a unos determinados aspirantes sobre otros”. Finalmente, los grupos políticos, salvo el PP, han observado “falta de especialización técnica en alguno de los miembros que formaron parte de ciertos tribunales, que tampoco ha sido plural, dándose además la circunstancia de que en su composición se repite frecuentemente la presencia de las mismas personas”.