Hace ya más de un año que el Presidente de RTVE no acude al Congreso. 2016 se fue de elección en elección, sin que la Comisión Mixta parlamentaria que supervisa a la radiotelevisión pública llegara a convocar una sesión de control, y tras las elecciones de junio y las largas negociaciones, la Comisión Mixta no llegó a formalizarse hasta mediado el pasado mes de noviembre. Después. el Parlamento entró en su periodo de vacaciones y aún sigue sin fijar fecha para llamar al PPresidente José Antonio Sánchez.

Credibilidad lastrada e irrelevancia

Una situación tan peregrina que ha llevado a que, asustados ante el rumbo que lleva la empresa, los trabajadores hayan acudido este lunes al Congreso para registrar un documento en el que piden a todos los grupos parlamentarios que aborden “de manera inminente el procerso de rehabilitación y recuperación de la Corporación RTVE”.

En una nota en la que dan aviso de este hecho, los representantes de CCOO, que ya titulan su acción con un alarmante “CCOO pide al Parlamento salvar la Radiotelevisión pública”, recuerdan que la entrega de RTVE a los intereses del Gobierno y del PP “han lastrado nuestra credibilidad y nos han situado en la práctica irrelevancia ante los ciudadanos”, y que “RTVE no es del Gobierno, es de los ciudadanos”.

En concreto, denuncian una situación que piden cambiar radicalmente para modificar la situación que viven los medios públicos: “nunca más deben ser un instrumento de partido, nunca más la redacción paralela, nunca más su programación entregada a empresas privadas… Es hoy ya de que el Parlamento ejerza la responsabilidad que le corresponde”.

Consejo de Administración sumiso

Lo cierto es que la realidad que vive RTVE no tiene precedentes. En  estos momentos, en el Consejo de Administración tan sólo se escucha la voz disidente de un consejero del PSOE y otro de IU, cuyas quejas son aplastadas por los cuatro consejeros que tiene el PP y la aquiescencia del consejero de CiU que sistemáticamente vota con ellos en apoyo a las medidas que ejecuta el PPresidente José Antonio Sánchez.

Esta situación ha permitido que los informativos, como dicen los propios trabajadores de la empresa púbica, hayan perdido la credibilidad y estén cayendo en la irrelevancia. Hace sólo unas horas dábamos el último ejemplo, criticado por el Consejo de Informativos: el tratamiento que se dio a las noticias sobre el escándalo en torno al Yak-42 y el ministro Trillo.

Hace sólo unas semanas, en el mismo sentido, publicábamos una noticia que da idea del hartazgo y de la crudeza de la situación que se vive en los informativos de la tele de todos que en realidad es del Gobierno: “La redacción de TVE elige: las 10 mayores manipulaciones de la PPTVE”. Una especie de TOP 10 de la manipulación que surgió de la conversación con los propios periodistas de Torrespaña y en las que se iba del silencio sobre las grabaciones del entonces ministro del Interior, Fernández Díaz, a la ocultación de la relación del exministro Soria con los llamados papeles de Panamá, pasando por la surrealista primera entrevista a Pablo Iglesias en TVE, ejecutada en La Noche en 24.

Contratos, contratados y aumentos de sueldos

Pero esta falta de control de la actividad de José Antonio Sánchez y su gente tiene otras vertientes que también critican los trabajadores en su petición de auxilio al Parlamento. Nos referimos, por ejemplo, a la contratación y los modos de contratación de determinados personajes muy afectos al régimen popular. Por ejemplo, en los últimos días se conoció que el polémico Javier Cárdenas al renovar el programa Hora Punta se había quedado con la producción del mismo a cambio de recibir 40.000 euros de dinero público por cada edición…, ¡y había firmado por 47 episodios! 

La misma libertad de manos permitió el fichaje de Álvaro Zancajo, íntimo de la jefa de gabinete de la vicepresidenta del Gobierno, María Pico, con un contrato de alta dirección y con un sueldo desconocido.

O, también, el mantenimiento del ocultismo sobre los sueldos de los directivos de confianza de la dirección, aunque la ley de transparencia obliga a que sean públicos y su aumento, pese a la situación deficitaria que vive RTVE y a que los consejeros de la oposición exigieron que no se subieran esos sueldos.

Como decían los trabajadores en su escrito al Parlamento, su composición actual, liberada de mayorías absolutas/absolutistas “presenta la oportunidad de conseguir un amplio consenso político que proporcione a los ciudadanos una verdadera radiotelevisión pública estatal”. Libre de mayorías, es cierto que el Parlamento tiene ocasión (y obligación) de imponer un regreso a la ley de televisión que impulsó el Gobierno Zapatero, en el que se necesitaban una mayoría de dos tercios para los nombramientos del Consejo de Administración y un verdadero control sobre sus contenidos y contratos.