La estrategia del PP de acusar a su extesorero Luis Bárcenas de mentir sistemáticamente respecto al caso Gürtel y la contabilidad B del partido o circunscribir las numerosas ramas de esta trama de corrupción a descontroladas ‘manzanas podridas’ tiene varios puntos débiles. No solo los indicios que apuntan directamente al partido y le han llevado a ser considerado como partícipe a título lucrativo de chanchullos de la trama o responsable del fraude de pagar con dinero negro la reforma de Génova 13, así como acusados de destruir los discos duros de Bárcenas para obstaculizar la investigación. Además de los testimonios del extesorero, hay más imputados que están admitiendo que pagaron comisiones para obtener contratos amañados por parte de Administraciones Públicas controladas por el PP, confesando mordidas que según la Fiscalía sirvieron entre otras cosas para financiar campañas del partido.
Constructor arrepentido admite las mordidas
Es el caso del constructor Alfonso García-Pozuelo que a través de su procurador presentó este martes 26 de julio ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional (donde se instruye la pieza separada de la Gürtel sobre los delitos cometidos en el municipio madrileño que se convirtió en epicentro de la trama) un escrito de conformidad en el que admite los delitos de los que le acusa la Fiscalía. Reconoce así que sobornó a cargos del PP en el municipio para conseguir contratos, lo que deja a los populares a los pies de los caballos respecto a los delitos de prevaricación y fraude a las Administraciones Públicas.
“Los hechos narrados en el escrito de acusación del Ministerio Público SON CIERTOS”, apunta el escrito del constructor al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM. ¿Cuáles son esos hechos? La Fiscalía lo resume así, que García Pozuelo “fue favorecido” a través de sus empresas Constructora Hispánica EOC de Obras y Servicios “con contrataciones” a dedo tanto desde la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte como desde el Ayuntamiento de esa localidad, con el consiguiente sobrecoste para las arcas del Ayuntamiento. La Fiscalía expone así que en 2003 “Francisco Correa, en nombre de la ‘SOCIEDAD’ y de acuerdo con todos sus integrantes, convino con Alfonso García-Pozuelo la adjudicación por parte de la EMSV de los contratos referidos a la eiecución de obras de remodelación de la calle Jose Antonio frente al Colegio Público Príncipe Felipe, a la dotación de la Glorieta en la calle Bárbara de Braganza y a la eiecución de obras para la eliminación de las barreras arquitectónicas del casco urbano a favor de las sociedades que este gestionaba”. La primera obra ascendió a un coste para las arcas públicas de 587.064 euros, la segunda 247.812 y la tercera 261.289.
García-Pozuelo obtuvo esos contratos “a cambio del pago de la correspondiente comisión para su distribución entre los integrantes de la ‘SOCIEDAD’ y el Partido Popular”. En concreto la Fiscalía señala a Francisco Correa, a Pablo Crespo y a los populares José Galeote (que era teniente de alcalde en Boadilla y es padre de Gerardo, también salpicado por la trama), al exalcalde Arturo González Panero y César Tomás Martín Morales (exgerente de la EMSV).
Reparto entre los cargos, los mediadores y también para el PP
En concreto se cifra la mordida en 288.485 euros y se detalla su reparto: a Correa 132.212 euros, a Galeote 6.000, a Arturo González Panero 12.000 y a Martín Morales 108.172. Pero hay más: “Asimismo, de acuerdo con lo por ellos convenido, destinaron otros 30.050 euros a la campaña del PARTIDO POPULAR referida a las elecciones municipales y autonómicas celebradas el 25 de mayo de 2003”.
La Fiscalía detalla una similar operativa por la cual la Junta de Gobierno Local de Boadilla adjudicó las obras del Parque del Deporte Y la Salud a una constructora de García-Pozuelo por hasta 29,6 millones de euros y un plazo máximo de ejecución de 22 meses y 28 días “que resultó incumplido”. Esta vez la comisión que pagó el constructor fue de 1.050.000 euros y se distribuyó según el relato de la Fiscalía entre los principales miembros de la trama: Correa (150.000 euros), Crespo (120.000), Alfonso Bosch (120.000), Martín Morales (150.000) y González Panero (510.000) “quien los trasfirió a sus cuentas en Suiza”.
García-Pozuelo admite en su escrito ante el juez estos hechos confesándose como autor del delito de cohecho y como inductor de los delitos que salpican a los cargos del PP, los de prevaricación y fraude a las Administraciones Públicas. Apela a los atenuantes de arrepentimiento prematuro y pago de su sanción, aportando una prueba de haber abonado en la Audiencia Nacional la multa impuesta de 669.242 euros asociada a los delitos de los que se le acusa. El constructor ya admitió también haber pagado comisiones para conseguir adjudicaciones en Pozuelo de Alarcón.
