No se puede decir que no haya precedente, al contrario, les vamos a hablar de uno reciente, pero sí que muestra el desparpajo de José Manuel Soria. Forzado por su relación, y la de empresas familiares, con los llamados ‘Papeles de Panamá’, el entonces ministro de Industria, Energía y Turismo dimitió el 15 de abril de 2016. Tan sólo 15 días después ya estaba dado de alta en el paro. Uno muy especial, el de ministros, que en el PP cobran religiosamente.

Por ley, los altos cargos tienen derecho a cobrar durante un tiempo, y en función al tiempo cotizado, es decir el que hayan ejercido el cargo, una cantidad que ronda el 80% de sus salarios en activo. En el caso de José Manuel Soria, como se ve por lo que informa el Portal de la Transparencia, esa cantidad es de 4.664,78€.

 

Lo curioso del caso del exministro (más allá de lo éticamente discutible que pueda resultar que un ministro cobre indemnización por un cargo que ha tenido que dejar perseguido por un escándalo) es que él es miembro del cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado en excedencia. Es decir, que debería solicitar el reingreso en su carrera o pasar a la empresa pública, por lo que tendría que dejar de cobrar esta indemnización, incompatible con otros ingresos.

Si Soria no lo hace, todo apunta, es por dos razones. Al reincorporarse a su carrera percibiría un ingreso más bajo que el que ahora recibe del Estado manteniéndose en  paro. Y la otra, quizás aún más dañina para un hombre que tan exigente era con la ética de los demás, que está esperando a que el nuevo Gobierno, si es de nuevo el suyo, le nombre en algún cargo oficial. Hace semanas se habló de un posible destino en el Banco Mundial en la representación de España.

Se convertiría así en un nuevo caso Wert, del que ya les informamos en ELPLURAL.COM. El que fue ministro de Educación, a pesar del refugio que le buscó Mariano Rajoy en París, en la OCDE, junto a su esposa, pagándole casa y gastos, nada más dimitir se apuntó también a este paro de los altos cargos, y lo cobró un mes mientras formalizaba el traslado, sin perdonar ni un euro al erario público del Estado que le ha conseguido un empleo por el que ahora percibe 10.000 euros mensuales.