Mediante un comunicado la asociación judicial progresista afirma que “las legítimas diferencias ideológicas no pueden ser obstáculo para no buscar espacios de encuentro que posibiliten soluciones estructurales a largo plazo” y plantean la necesidad de un proyecto global que dé respuesta “a las importantes carencias de nuestro sistema judicial”.
Invertir en Justicia
“Las fuerzas políticas deberían asumir el compromiso de aumento progresivo de los presupuestos en materia de Justicia hasta alcanzar la media de la Unión Europea, con inclusión de un plan de inversiones coordinado entre el Estado y las Comunidades Autónomas”, dice JpD. Se incrementaría así el número de jueces para adaptar la planta a la litigiosidad real. Cifran en no menos de un millar las nuevas plazas necesarias.
Modernizar los edificios
Modernizar los edificios judiciales con un plan de infraestructuras es básico para reemplazar las numerosas sedes que no cumplen las condiciones mínimas de salubridad, habitabilidad y seguridad Para ello es preciso, dicen , cuantificar el gasto público necesario. “ También se deben introducir cambios estructurales para una mejora de la justicia gratuita que garantice el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”.
El lesivo Consejo
“En la actualidad el Consejo General del Poder Judicial es el elemento más lesivo para la credibilidad de la judicatura y para la confianza de la ciudadanía en su administración de justicia. Los constantes reproches a su parcialidad y a su control por parte del poder político han acabado dañando la imagen de la Justicia en su conjunto y la propia credibilidad de los órganos judiciales”, acusa la Asoaciación.
Garantizar la independencia
Para los propios jueces es importante restablecer la confianza en su máximo órgano institucional “que garantice de verdad nuestra independencia”. Abogan porque el CGPJ “recupere las competencias que le fueron arrebatadas en la última reforma, así como que este vuelva a funcionar como un órgano colegiado y con dedicación plena de sus integrantes”.
Elección directa de la judicatura
“Jueces para la Democracia acordó defender un sistema de elección de los vocales judiciales por elección directa de la judicatura y con criterios de proporcionalidad, con la finalidad de impedir las interferencias de los partidos políticos en su designación y en el control posterior de sus actuaciones. Asimismo, también se podrían analizar fórmulas de participación ciudadana en el proceso de designación de los integrantes del CGPJ”, añaden.
Crear una agencia
Consideran preciso dotar al CGPJ de competencias “en cuestiones referentes a planta judicial y medios materiales”. También la creación de una agencia organizada por el CGPJ y dependiente de este, “en la que se incluyera a forenses, peritos, inspectores de tributos y laboratorios, para que estuvieran al servicio directo del poder judicial. Y ha de vertebrarse una verdadera policía judicial”.
Nuevo código procesal penal
Este pacto debe contar con la elaboración de instrumentos procesales, “que se puedan adaptar a una sociedad cada vez más compleja y que ha experimentado grandes transformaciones sociales en las últimas décadas”. Apuntan a un nuevo Código Procesal Penal, “que represente un sistema avanzado de garantías y que incorpore las mejores aportaciones jurisprudenciales en materia de derechos fundamentales que se han realizado en los últimos tiempos”.
Recursos suficientes
“Debe aprobarse un plan estatal de desarrollo de la oficina judicial”, dice JpD. La organización interna de los órganos judiciales habría de adaptarse a las realidades de nuestros procesos y responder a principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones. Los servicios comunes y los servicios de apoyo directo deben contar con recursos suficientes. Las relaciones de puestos de trabajo han de ser ajustadas a las necesidades reales y estar dotadas de medios materiales”.
Nuevas tecnologías
Las nuevas tecnológías se deben introducir mediante proyectos solidos y con el acuerdo de Administraciones afectadas, Ministerio de Justicia, CGPJ y comunidades autónomas y no de forma precipitada como señalan ocurre ahora. Para ello p iden inversión, recursos técnicos, formación y unificación de las aplicaciones en todos los territorios para evitar las incompatibilidades que ahora tienen lugar.
Mejorar las condiciones profesionales
El pacto debe tener en cuenta la reforma legal o reglamentaria precisa para asegurar unas condiciones profesionales iguales, adecuadas y coherentes con los principios de independencia e inamovilidad judicial, el cumplimiento de la Ley de Retribuciones, las condiciones de salud y una carga de trabajo razonable. Todo ello repercute en el trabajo de los actores judiciales y de los ciudadanos.
Calidad y justicia gratuita
El objetivo es un servicio público de calidad. “ Hace falta una regulación más amplia de los derechos de los usuarios de la Justicia, que responda a los principios de transparencia, información y atención adecuada. Resulta además necesario reforzar nuestro precario sistema de Justicia Gratuita para garantizar que nadie quede excluido del acceso a juzgados y tribunales, con privación del derecho a la tutela judicial efectiva, por no contar con medios suficientes para litigar”, continúan.
Estatuto de Víctimas
Otro objetivo de los jueces progresistas es el de garantizar la efectiva implantación del Estatuto de la Víctima del Delito,” que prevé una serie de derechos a los afectados que solo cobraría virtualidad práctica si se dotan los medios y se llevan a cabo políticas activas que aseguren su aplicación. Y ha de asegurarse que los procedimientos se tramiten en plazos razonables”.
Contra la exclusión social
Concluye Jueces para la democracia afirmando que se debe regular en el ámbito del derecho privado toda una serie de medidas contra la exclusión social. “Consideramos necesario que se promulgue una verdadera ley de segunda oportunidad, que se configure el derecho a la vivienda como un verdadero derecho subjetivo y que se apruebe una ley de inembargabilidad”.
