Remate final del Gobierno a la sanidad pública

En el último mes, el Gobierno de Mariano Rajoy ha tomado tres medidas que, pasando inadvertidas para muchos, dilapidan la ya maltrecha sanidad pública a la que no ha dejado de atacar el Partido Popular durante los cuatro años de legislatura. Las actuaciones del Ejecutivo, recogidas por nogracias.edu, han sido explicadas en diversos blogs por los propios profesionales sanitarios que desarrollan cómo van a afectar, especialmente, a los que menos tienen.

1. Aprobación de la desgravación fiscal a los seguros privados
Por medio de una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado 2016 durante su tramitación en el Senado, PP y CiU aprobaron que las primas de seguro de enfermedad costeadas por el contribuyente, es decir privadas, serán consideradas gastos deducibles en el IRPF, según lo recogió el pasado mes negocios.com.

Este cambio en los Presupuestos Generales tiene una gran repercusión para la sanidad pública. El blog Médico Crítico explica que supone “una transferencia de dinero desde las rentas medias y bajas hacia las rentas medias-altas y altas, y la supresión del principio de solidaridad como eje rector de la financiación del sistema”.

Esta medida viene motivada, según también el citado blog, porque el número de asegurados privados ha disminuido desde el máximo alcanzado en 2010. Los perjudicados son al final los que menos tienen, los que acumulan mayor carga de enfermedad, ya que se reducen las contribuciones de los que las rentas más altas, las que pueden permitirse un seguro privado, a la sanidad pública.

2. Recurso y la paralización de la decisión del gobierno de la Comunidad Autónoma Valenciana de devolver el derecho a la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles
Como ya informó ELPLURAL.COM, el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente la ley valenciana que permitía la atención sanitaria para inmigrantes sin papeles. La decisión se tomó tras admitir a trámite el recurso que presentó el Gobierno central el contra esta normal el pasado 23 de octubre al considerar que invadía sus competencias.

El ministro de Sanidad había propuesto a las Comunidades Autónomas un acuerdo para devolver la asistencia sanitaria a todas aquellas personas a las que el Real Decreto Ley 16/2012 de su antecesora, Ana Mato, se la había quitado. Según el blog del doctor Juan Simó, el ministro Alonso quería conseguir el acuerdo porque “le preocupaba que los inmigrantes ilegales exportaran su derecho a la sanidad pública española a otros países miembros de la UE o a aquellos con los que mantenemos convenios de reciprocidad en la atención sanitaria pública, pues eso facilitaba la utilización perversa de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE)”.

Aquí radica la inequívoca intencionalidad política del recurso del Gobierno al Tribunal Constitucional, ya que el Decreto valenciano recoge claramente que “las personas que se puedan acoger a las condiciones de acceso al sistema valenciano de salud establecidas por este decreto ley no se les atribuye la condición de persona asegurada o beneficiaria del sistema nacional de salud”, por lo que es imposible que puedan reclamar una asistencia sanitaria en otra comunidad autónoma, y menos en otro país.

Sobre la tarjeta sanitaria, la norma aprobada por el Gobierno del PSOE y Compromís también recoge exactamente que el documento que acredita el derecho a recibir una asistencia sanitaria “solo será válido en la Comunitat Valenciana”.

3. Acuerdo con Farmaindustria que garantiza el gasto farmacéutico ligándolo al incremento del PIB
Esta decisión, publicada por la Moncloa el pasado 4 de noviembre, establece “la vinculación del gasto farmacéutico público con el Producto Interior Bruto, para limitar el gasto, sin limitar la prestación”.

En la nota de prensa también se explica que, “si el gasto correspondiente al segmento de medicamentos originales (no genéricos) superase los niveles de la tasa de referencia del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de medio plazo de la economía española prevista en la Ley Orgánica 2/2012 (actualmente situada al 1,8%), se establecerán medidas compensatorias y correctoras en favor del Sistema Nacional de Salud. Programas de seguimiento de pacientes polimedicados, mejora de la variabilidad en la prescripción o programas de adherencia al tratamiento".

Lo que no explica es el supuesto contrario, que el gasto no superase el crecimiento del PIB. Para el doctor Sergio Minué, este supuesto sería el deseable “dado que España sigue dedicando cerca de un 20% de su gasto sanitario total a farmacia. De forma congruente con el acuerdo, en esa circunstancia el Gobierno deberá compensar a la industria farmacéutica”. Según explicó el propio ministro Alonso, esta compensación no será en ningún caso de manera monetaria sino, posiblemente en forma de incentivos fiscales, lo que, como señala Minué, también puede entenderse como “una fórmula de compensación monetaria, además de reducir aún más los ingresos de la hacienda pública”.

En un contundente comunicado, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos considera que el acuerdo entre los ministerios de Sanidad, Hacienda y Farmaindustria, “en contra de lo que se dice, hipoteca la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”.

Para este órgano, el acuerdo “no es razonablemente explicable desde la lógica económica y presupuestaria, teniendo en cuenta la previsión de bajar el porcentaje de PIB dedicado a Sanidad pública al 5,6% en 2016 año y al 5,3% para 2018, según se recoge en el Programa de Estabilidad 2015-2018 del Gobierno”.

Desde el CGCOM se constata que, “la única posibilidad de aproximarse a los compromisos del Plan de Estabilidad del Gobierno de España para 2018 pasa por la reducción de plantillas y salarios, y por aumentar la extraordinaria precariedad laboral e inestabilidad de buena parte del personal sanitario y, en consecuencia, aumentar las listas de espera y bajar la calidad asistencial”.