José Sánchez Maldonado, Consejero de Economía, espera que "no salgan gratuitas las acusaciones totalmente irresponsables"



La Junta confiaba desde el primer momento en que no había "caso Aznalcóllar".  La presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, siempre manifestó que creía en lo correcto del proceso y justificaba la investigación en un enfrentamiento entre empresas privadas. El PP andaluz, sin agua en la piscina, se tiró de lleno al cuello de los socialistas y hoy sale descalabrado. En un juego de intereses bastardos de partido se ha dañado a una comarca, a un pueblo, se ha retrasado una gran iniciativa para el empleo en un zona deprimida y se ha erosionado la imagen de técnicos, políticos y empresas. La resolución judicial conlleva todo un "revolcón" al PP a poco más de un mes de las elecciones generales.

¿Quién paga ese daño ahora, señor Bonilla?"
Esa frase, de manera enrabietada pero con orgullo de que la verdad haya sobrevivido a la insidia dicen desde el Gobierno andaluz y dirigentes socialistas tras conocerse que la juez de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha archivado la denuncia presentada contra la concesión de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) por parte de la Junta de Andalucía a la empresa Minorbis-Grupo México porque considera que no hay indicios de prevaricación en la decisión adoptada. En un auto notificado hoy la juez acuerda que se archive la causa, en la que había siete imputados, entre ellas la ex directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto, que fue apartada de su cargo tras la imputación judicial.

No hubo trato de favor a la concesionaria
La juez abrió la investigación del caso después de la denuncia presentada el 2 de marzo de 2015 por la otra empresa finalista del concurso, Emerita Resources, que apreciaba que en la concesión se cometieron los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal. En el auto, que tiene fecha del 6 de noviembre, la juez explica que en la concesión de la mina, realizada el 20 de febrero de 2015 por parte de la Junta de Andalucía, no existen indicios de que haya existido un acuerdo entre los imputados para, errando a propósito en sus dictámenes, favorecer a la empresa Minorbis.

Solo conjeturas
El pasado viernes 6 de noviembre la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio anunció, antes de que trascendiera el archivo judicial de la causa, que dejaba sin efecto la paralización cautelar de la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar. Según la juez, "no puede convertirse a la instrucción penal en instancia encargada de la baremación de las diversas soluciones propuestas si no existen indicios suficientes, más allá de meras sospechas o conjeturas, de la existencia de desviación de poder al ejercer las potestades de selección de las ofertas presentadas".

Procedimiento correcto según la juez
La juez explica en su resolución, que "en principio, hemos de concluir que el procedimiento observado ha sido el correcto", afirma la juez antes de recordar que se hizo "teniendo en cuenta además que, con carácter previo, había sido una normativa específica aprobada ad hoc la que regía en este concurso". La magistrada considera que "no puede afirmarse la concurrencia de los requisitos descritos como propios de la prevaricación en el procedimiento y trámites del concurso relacionado con la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar".

Examinada abundante documentación
Tras examinar la "abundante documentación" aportada en las actuaciones y las declaraciones de los implicados, añade la juez, "las cuestiones objeto de debate son cuanto menos susceptibles de otra interpretación distinta a la sostenida en la denuncia matriz". En su auto, la juez subraya que el juzgado no puede "sustituir la labor propia de los integrantes de la mesa y de la comisión" del concurso, y añade que era una práctica habitual de las empresas del sector intercambiar opiniones y contactos entre ellas y con la dirección general de Minas. Por ello, no aprecia delitos en las visitas o manifestaciones verbales en las visitas del directivo de Magtel Mario López Magdaleno ni en la llamada que reconoció que hizo el secretario general de Innovación, Industria y Energía, Vicente Fernández, para preguntar por el proceso de negociación.

Moreno Bonilla se lanzó al cuello de la Junta y a una piscina sin agua. Las cuentas del rédito electoral no le han salido.



Sánchez Maldonado espera que  que "no salgan gratuitas" las acusaciones " irresponsables"
Las reacciones no se han hecho esperar. El consejero andaluz de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha sido el primero al expresar su"tremenda satisfacción" por el archivo de la causa y espera que "no salgan gratuitas" las acusaciones "totalmente irresponsables". Maldonado ha subrayado que el proceso para la reapertura y explotación de la mina "está en marcha" y ha lamentado que haya habido personas e instituciones que hayan preferido "apuntarse al ruido"."Hoy queda claro que esa estrategia tenía un recorrido corto; con las cosas de comer no se debe jugar", ha enfatizado el consejero, que no ha descartado la posibilidad de que su departamento y las personas afectadas adopten alguna medida por las acusaciones vertidas en los últimos meses.

La Junta como institución ejemplar
"Este auto sirve también para renovar la confianza de todos los actores sociales en la Junta como institución ejemplar y transparente", ha interpretado Maldonado, que al mismo tiempo se ha mostrado seguro de que va a servir para "restablecer la confianza" de los inversores hacia Andalucía tras demostrarse que "se actuó con transparencia". El consejero ha agradecido en varias ocasiones el "esfuerzo, abnegación y capacidad de trabajo" de los empleados públicos que "han dado todo" para sacar adelante este concurso y ha reiterado que espera que no salgan "gratuitas" las acusaciones "totalmente irresponsables".


Servicios jurídicos estudiarán pedir responsabilidades
Preguntado, expresamente, si van a pedir responsabilidades penales ha señalado: "Aquí ha habido una serie de acusaciones graves que afectan, bien a personas físicas o a instituciones, y nuestros servicios jurídicos estudiarán el auto y verán las actuaciones que hay que llevar a cabo para defenderse", al igual que los afectados, que tienen "la capacidad de tomar las medidas legales o judiciales que crean convenientes". Sobre si el Ejecutivo va restituir en su cargo a la exdirectora general de Minas María José Asensio, ha recordado que la Junta ha manifestado siempre "su total confianza" en ella y que ya dijo que era un cese temporal, aunque no ha sabido precisar si volverá a su puesto en los próximos días.

Imputado no es acusado
También un abogado que defiende a la empresa de la mina ha declarado que el archivo judicial de la concesión de la explotación minera demuestra que "el simple hecho de ser imputado en un proceso penal no es sinónimo ni de culpabilidad ni de condena". Juan Carlos Alférez, que también lleva la defensa de acusados en otros casos de presunta corrupción, como los cursos de formación, Invercaria y Mercasevilla, ha enfatizado que la juez y la fiscalía han considerado "con rotundidad que las meras sospechas de irregularidades administrativas no tienen por qué ser equivalentes a sospecha de delito".

Esta máxima"debería aplicarse a muchos de los casos mediáticos actualmente abiertos, donde las defensas venimos apreciando una clara desmesura en el uso y abuso de la jurisdicción penal para fines que no le son propios".