El Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente la ley valenciana que permitía la atención sanitaria para inmigrantes sin papeles tras admitir a trámite el recurso que presentó el Gobierno central contra esta normal el pasado octubre. El Ejecutivo de Mariano Rajoy recurrió la norma aprobada por los socialistas valencianos y Compromís al considerar que invade sus competencias. En concreto, el Decreto que se ocupa del acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana "puede incurrir en extralimitación competencial porque regula una materia que corresponde exclusivamente al Estado".

Desde el Gobierno central se señalaba que "la jurisprudencia constitucional establece que la competencia estatal de bases de sanidad incluye la definición de los asegurados y las prestaciones en materia de Sanidad, así como la financiación de la sanidad pública". La admisión por el TC del recurso de inconstitucionalidad supone, en los casos señalados por el ejecutivo central, la suspensión durante cinco meses de la norma valenciana según recoge la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y a la espera de que se resuelva definitivamente por el Alto Tribunal si el Decreto valenciano es conforme a derecho o no.

No fue el único
Tras las elecciones de mayo, además de la Comunidad Valenciana, otras regiones se levantaron contra el Gobierno central y volvieron a la sanidad universal, pese a las amenazas de "multas millonarias" del secretario general de Sanidad, Rubén Moreno. Una de ellas fue la Comunidad de Madrid gobernada por el Partido Popular con Cristina Cifuentes a la cabeza.

Rajoy anuncia pero no cumple
El pasado julio, cuando la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana anunciaba su intención de devolver la sanidad a los inmigrantes sin papeles, desde éste también se pedía la derogación del Real Decreto aprobado en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy que restringió esta atención sanitaria. “Esto se va a acabar en la Comunitat Valenciana, donde la sanidad universal y el acceso a la atención en condiciones de equidad son innegociables”, defendía la consejera Carmen Montón.

Ya en marzo antes de las elecciones municipales y autonómicas, Rajoy anunciaba que se devolvería la cobertura sanitaria a los inmigrantes sin papeles porque le parecía entonces “más sensato y más razonable” que recibiesen servicios médicos en los ambulatorios y no en Urgencias. El problema es que, hasta la fecha, el Ministerio de Sanidad no ha sido capaz de consensuar un criterio común en todas las Comunidades Autónomas para devolver la atención primaria a los inmigrantes sin papeles.