ACTUALIZACIÓN: Antes de leer esta noticia, debes saber que Mónica González fue absuelta de todos los cargos.
La actual delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Puerto Real, militante de Podemos y concejala del equipo de gobierno desde el pasado junio, será juzgada en la Audiencia Nacional por su presunta relación con este caso de estafa a miles de inmigrantes que se remonta a 2006. La concejal, Mónica González, se enfrenta a una pena de cárcel de 4 años solicitada por la Fiscalía en el juicio aun sin fecha en la Audiencia Nacional por un delito de estafa. Además de la petición del ministerio fiscal, la acusación particular solicita 10 años porque le acusa de asociación para delinquir.
Desde 2006
El caso arranca en 2006. En marzo de 2007 la Policía dejó a esta licenciada en Derecho, experta en inmigración y extranjería en libertad con cargos. Se encontraba desde entonces a a la espera de juicio junto a Luis Batlle Vilaseca. Ambos eran responsables de Eurowork en España y Mónica González fue administradora única de la empresa en España. Esta empresa se comprometía a gestionar visados a los emigrantes latinoamericanos así como un puesto de trabajo en España a cambio de dinero.
Cinco mil sudamericanos estafados
El caso Eurowork estalló en 2006. Unos cinco mil ciudadanos de varios países de Sudamérica fueron supuestamente estafados y vieron tristemente frustrados sus sueños de mejorar su vida en una especie de "tierra prometida". Abonaban 465 euros a cambio de un visado y un supuesto trabajo en España. Se calcula que aproximadamente la estafa se elevaría a dos millones y medio de euros. Esta empresa quebró el sueño de más de cinco mil personas en varios países latinoamericanos y en España.
Ofrecían el sueño europeo a latinoamericanos
Según informa el "Diario de Cádiz". Eurowork, a través de anuncios en prensa o grandes carteles publicitarios, ofrecía el sueño europeo a latinoamericanos que querían emigrar a España. Incluso fueron estafados ciudadanos que ya residían en España y querían traer a sus familiares. Cada persona tenía que abonar 465 euros para obtener el visado y un puesto de trabajo. Fueron muy pocos los que lo lograron. Se les disuadía con respuestas tales como "Estamos tramitándolo y va lento", "el INEM no nos ha enviado aún la documentación" o "ya tenemos un trabajo para usted pero aún hay que cerrar algunos papeles".
Mentiras y estafa
Las filiales en Latinoamérica empezaron a cerrar y todo se centralizó en Madrid. Allí, según el rotativo gaditano, Mónica González "sólo atendía por teléfono y explicaba a los afectados que "los retrasos en la tramitación de expedientes son culpa del Gobierno y no de Eurowork", según explicaron las propias víctimas de la estafa". Tras su paso por el juez Pablo Ruz, por haber sido apartado de la carrera Baltasar Garzón que era el juez inicial del caso, el tema parecía haberse anclado. Ahora la iniciativa de la Audiencia Nacional de juzgar a los posibles implicados en la estafa, acelera un proceso de un supuesto delito muy cruel sobre miles de familias desesperadas.
Según la investigación, Mónica González, abogada y experta en inmigración y extranjería, llegó a ser la administradora única de la empresa Eurowork en España, que seleccionaba a los candidatos. Esta tarde hay convocada rueda de prensa en el ayuntamiento de Puerto Real.