Recuerda RIS que “en 2015, el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos de la ONU han reiterado que la Ley de Amnistía de 1977 no puede seguir siendo la excusa para que el Estado desoiga sus obligaciones internacionales de justicia, verdad y reparación para con las víctimas de desapariciones forzadas”.
Obstáculos legales
“Los reclamos llevados a cabo por los familiares de víctimas de desaparición forzada para conocer la suerte y paradero de sus seres queridos, y obtener justicia y reparación, se siguen topando con la ausencia de medidas apropiadas por parte de las autoridades para garantizar sus derechos, incluida la supresión de los obstáculos legales”.
Obligación de establecer la verdad
La ONG de Derechos Humanos, señala que “es obligación del Estado español (incluidos sus órganos judiciales) establecer la verdad sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista”.
Reparar a las víctimas
Del mismo modo que está obligado “a asegurar que se investiguen las desapariciones forzadas de manera exhaustiva y efectiva; identificar y enjuiciar a los responsables y, en su caso, sancionarlos con penas en las que se tenga en cuenta la gravedad de los crímenes; así como reparar de forma completa e integral a las víctimas”.
Caso omiso en el Código Penal
Se debe tipificar el delito, dicen., “En la reciente reforma del Código Penal se ha hecho caso omiso de las exigencias prescritas por las normas internacionales en esta materia. “En mayo 2015, el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT) volvió a mencionar al Estado español que los actos de tortura, incluidas las desapariciones forzadas, ni prescriben ni pueden ser amnistiados.
Desaprobación de la ONU
Ha sido el Comité de Derechos Humanos de la ONU el último organismo en reiterar, en julio de 2015, “su desaprobación por la ausencia de investigaciones de los crímenes ocurridos durante la Guerra Civil y el franquismo, incluidas las desapariciones forzadas. También ha recomendado la derogación de la Ley de Amnistía”.
Ya es hora de cambiar
“En definitiva, ya es hora de que el Estado español ponga fin a un comportamiento que ignora de forma deliberada y continuada los derechos de las víctimas de desaparición forzada a la justicia, verdad y reparación”, prosigue RIS.
Incumplimientos desde 2013
Como antecedentes indican que en 2013, el Comité contra la Desaparición Forzada, en la revisión del primer informe periódico de España de conformidad con la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, emitió numerosas recomendaciones que no han sido todavía aplicadas.
Visita del Grupo de Trabajo
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitó España en misión oficial en septiembre de 2013. En su informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, destacó “el patrón de impunidad creado para los casos de desapariciones forzadas ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura”.
Ni jueces, ni fiscales
Esta impunidad surgía de “la combinación de un marco legislativo deficiente, una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional de los Derechos Humanos, fiscales que no han impulsado las investigaciones y la presencia de la Ley de Amnistía y en particular la interpretación judicial dada a dicha Ley”.
El mayor déficit en la Justicia
El Relator Especial para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición visitó nuestro país en enero de 2014 y fue tajante al afirmar en su informe que “es en el ámbito de la justicia donde se observan mayores déficits en el tratamiento de los legados de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo”.
Sin respuesta de ningún estamento
“En septiembre de 2014, Rights International Spain, junto con Amnistía Internacional, la Asociación Española por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y la Asociación Pro Derechos Humanos de España enviaron una carta abierta al ministro de Justicia, al presidente del Consejo General del Poder Judicial y al Fiscal General del Estado solicitando la adopción de medidas para aplicar plenamente las ecomendaciones de Naciones Unidas. A día de hoy no se ha producido reacción alguna por parte de dichas instituciones”, concluyen.
