Debilitan el Estado de Derecho
En el documento, informan a la Relatora Especial de diversas iniciativas del Gobierno español que, explican, “están erosionando el principio de separación de poderes”, lo que conlleva el “debilitamiento tanto del Poder Judicial como del Estado de Derecho”. Se trata de la primera iniciativa de estas características que se presenta ante la ONU y se ha acordado plantearla ante la gravedad de la situación.
La reforma del Consejo
Estas tres asociaciones judiciales, que representan a la mayoría de jueces y magistrados asociados en España, se refieren en primer lugar, a la última reforma del Consejo General del Poder Judicial, que se impuso con el apoyo único del partido en el Gobierno y con la oposición de todas las asociaciones judiciales.
Vinculación al poder político
Esta reforma lleva al nombramiento de los integrantes del CGPJ por parte de los principales partidos políticos. “Con esta vinculación tan evidente al poder político, el Consejo General del Poder Judicial no puede garantizar la división de poderes”, subrayan los remitentes de la carta.
Dependientes del poder político
Los jueces y RIS expresan su preocupación también porque la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, actualmente en fase de Anteproyecto, pueda suponer más mermas en la independencia de jueces y magistrados, ya que, según la nueva organización territorial que quiere establecerse, “los presidentes de los órganos provinciales serán impuestos por el Consejo General del Poder Judicial (dependiente del poder político)”.
Competentes sobre casos de corrupción
Este aspecto es especialmente preocupante “teniendo en cuenta que estos presidentes tendrán competencia precisamente para modificar la composición de los tribunales para la investigación de casos de corrupción”, añaden los firmantes.
Prohibir la libertad de expresión
También se critica “la prohibición a la libertad de expresión que pretende imponerse a jueces y magistrados por el hecho de ser molestas para ámbitos del poder político que buscan blindarse”.
Sometidos al Supremo
“La nueva ley – continúan- también introduciría la obligación de someterse a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, lo cual impide que los jueces puedan obrar según su propio criterio jurídico y constituye por tanto una amenaza a la independencia del poder judicial.
Falta de recursos para investigar
La falta de recursos asignados a los órganos judiciales para investigar los casos de corrupción es otra de las críticas expuestas. El escrito resalta que España se encuentra a la cola de Europa en número de jueces por habitante y en inversión en justicia.
Presupuestos disminuidos
“Difícilmente nuestros órganos judiciales pueden actuar con independencia para investigar los centenares de casos abiertos por corrupción si desde el poder político no se asignan los medios necesarios. En la carta se aportan estos datos: “El presupuesto para justicia se redujo en 2013 un 4,21% y 2,31% en 2014”.
Instrucciones muy largas
Para los jueces “esta situación dificulta especialmente las investigaciones penales y habitualmente las retrasa hasta extremos desproporcionados. Determinados asuntos de gran relevancia pública, al afectar a conocidos cargos públicos, han tenido una instrucción que ha durado muchísimo tiempo. Y en otros casos la falta de recursos impide una investigación adecuada”.
Sensación de impunidad
Estos hechos son visibles para la sociedad: “Todo ello está provocando entre la ciudadanía el descrédito de las instituciones y una creciente sensación social de que el poder político puede actuar con impunidad. En todos los estudios de opinión realizados por los organismos oficiales la corrupción es percibida por los ciudadanos como uno de los principales problemas del país, solo superado por la situación económica y el desempleo”.
Presión y descalificaciones
“Además, se producen habitualmente todo tipo de formas de presión contra los jueces que investigan de forma independiente la corrupción, a través de descalificaciones de políticos y de campañas lanzadas desde determinados medios de comunicación. Las descalificaciones personalizadas de jueces por parte de los políticos pretenden que los magistrados modifiquen sus resoluciones y eso es un ataque a su independencia”, manifiestan.
“Se pretende influir”
Las asociaciones denuncian que “se pretende influir en los jueces para que apliquen el ordenamiento jurídico de forma incorrecta y esas conductas son ilegitimas, porque los magistrados actúan a través de criterios de legalidad y no de oportunidad”.
Efectos disciplinarios a los señalados
“Estas presiones de cierta entidad se complementan con el hecho de que quienes están señalados negativamente desde el ámbito político saben que podrían potencialmente sufrir efectos disciplinarios o limitaciones en su promoción profesional por parte del Consejo General del Poder Judicial, a causa de sus referidas vinculaciones a intereses políticos”.
Ya se dirigieron al Gobierno
Ante la gravedad de la situación “las organizaciones firmantes hemos instado al Gobierno para que se adopten las medidas necesarias y que se respete el principio de separación de poderes propio del Estado de Derecho. Entre dichas medidas se encuentra la modificación en la estructura del CGPJ, la retirada del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la asignación de más recursos.
Necesaria intervención de la ONU
Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, una de las asociaciones judiciales firmantes ha manifestado que “ante la quiebra de la separación de poderes en nuestro país, resulta necesaria la intervención de la ONU” y recuerda que “la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de que el Estado de Derecho funcionará correctamente en beneficio de la ciudadanía”.
Ciudadanos desamparados
Por su parte, Lydia Vicente, directora ejecutiva de Rights International Spain ha manifestado que “cuando desde el poder político se ataca a la independencia judicial, se menoscaba la protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas. La ciudadanía quede en una situación de desamparo”.
