“El ministro Catalá miente cuando echa la culpa a Interpol de paralizar la detención de los franquistas”

Carlos Slepoy no deja lugar a dudas. Ante la afirmación en el Congreso de los Diputados del ministro de Justicia Rafael Catalá de que ha sido la secretaria general de Interpol en Lyon la que ha paralizado las detenciones de ministros, policías y militares ordenada por la jueza argentina Servini que instruye la querella por los crímenes del franquismo, el abogado de las víctimas responde: “El ministro de Justicia miente manifiestamente. Ha sido el Gobierno español quien ha protestado paralizando el proceso”, ha manifestado el abogado de las víctimas a ELPLURAL.COM.

Ha sido este miércoles cuando el ministro de Justicia, Rafael Catalá,  Catalá respondía en la sesión de control al Gobierno al ser preguntado por el portavoz de Justicia del PNV, Emilio Olabarria que quería saber por qué “el Gobierno obstaculiza la detención de estas personas” entre las que se encuentra el suegro del exministro anterior Alberto Ruiz Gallardón o el también ministro Rodolfo Martín Villa.

Catalá dice que colaboran
En su respuesta, el ministro ha insistido en que el Gobierno viene colaborando con la Interpol de acuerdo con los protocolos establecidos contra crímenes de lesa humanidad a fin, dijo de  que "no sean desvirtuados por razones de índole política". Añadió que si la jueza dirige a España una solicitud de extradición, el Gobierno la estudiará y fijará su posición, ha informado Europa Press.

La Audiencia rechazará la extradición
Para que nadie se llame a engaño, Catalá dijo que la Audiencia Nacional rechazará una nueva petición en este sentido como ya lo hizo atendiendo el mes de abril cuando llegó la petición referida al inspector de policía conocido como Billy el Niño y el capitán Muñecas que fue miembro de la Benemérita, ambos señalados por torturas.

“Mentira tras mentira del ministro”
El abogado Carlos Slepoy que representa a las víctimas firmantes de la querella por los crímenes del franquismo opina que “lo que ha dicho Catalá  es mentira tras mentira. En primer lugar  cuando afirma que la Secretaría General de Interpol ha decidido no cursar estas  órdenes internacionales”.

España protestó ante Interpol
“La resolución de la Asamblea de  Interpol de 2010 indica que cuando un Estado miembro pide la detención de un nacional de otro Estado miembro, si ese Estado protesta la decisión en el plazo de 30 días, dicha orden de detención no se emite. Lo que aparentemente hizo España fue comunicar esta protesta”, explica Slepoy.

“Les han protegido”
Es decir que “por tanto fue el Gobierno español a través de interpol España quien resolvió que no se emitiera esta orden”, continúa el abogado quien subraya: “El Gobierno ha protegido a esta gente de una resolución internacional. Decir que no ha sido así es la primera mentira alevosa por parte del ministro”.

Deben llevarles ante el juez
¿Qué es lo que debería ocurrir?  Así lo explica el abogado: “Argentina ordena la   detención. Ante esto, la ley española introduce un procedimiento muy claro cuando llega este pedido de  detención en el marco del convenio  suscrito por ambas partes. Y lo que indica es que procede detener  a estas personas y llevarlas a presencia judicial en 24 horas. El juez debe tomar la decisión de si mantiene la prisión preventiva avisando a juzgado requirente o toma otra mediad cautelar como retirada del  pasaporte, etc.”

Entrevista con el fiscal
“Estamos en el momento previo en que el juez debe tomar la decisión y comunicar al juzgado argentino  esta decisión a efectos de extradición. No se ha hecho nada”, afirma con rotundidad y añade que la representación de los afectados solicitará una reunión con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza ya que “aparentemente estas solicitudes de detención según el ministro, se han remitido allí”.

Incumplimiento de un tratado
Para Carlos Slepoy  estas afirmaciones de Catalá llevan a una situación complicada: “Es muy grave. Por una parte se miente manifiestamente y  se incumple un tratado internacional suscrito por los dos países. Por otra parte, se protege a quienes están acusados de crímenes contra la humanidad”.

La orden de Interpol
El pasado 4 de noviembre la sección argentina de INTERPOL notificó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires, a cargo de la jueza Servini, que había cursado comunicación muy urgente a INTERPOL Madrid, solicitando la detención preventiva con fines de extradición de las veinte personas imputadas en su Auto de 30 de octubre. Hay que excluir al recientemente fallecido  Antonio Barrera de Irimo.

Los ministros franquistas
Afecta esta orden a  los ex ministros de Franco Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina, Antonio Carro Martínez , Licinio de la Fuente, José María Sánchez Ventura,  Alfonso Osorio García y Fernando Suárez. Como ya ha publicado ELPLURAL.COM  en diversas ocasiones, Utrera Molina, Licinio de la Fuente, Carro y Barrera están acusados por convalidar con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. 

Sentencias de muerte y sucesos de Vitoria
Al ex ministro de Presidencia Antonio Carro se le acusa también de convalidar la sentencia de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1.975 en Madrid, Barcelona y Burgos Al igual que en el caso de Sánchez Ventura y Fernando Suarez. A  Rodolfo Martín Villa y Alfonso Osorio se les considera responsables de la represión policial de Vitoria el 3 de marzo de 1976 en la que murieron cinco personas y  hubo más de cien heridos muchos por armas de fuego.

Militares, policías, un ginecólogo…
La querella se dirige asimismo contra antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, o un médico ginecólogo acusado de sustracción de menores. Son Antonio Troncoso (coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar), Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército) y a los entonces miembros de las Fuerzas Armadas Jesús Quintana, Jesús González, Ricardo Algar, Félix Criado, Pascual Honrado, Jesús Martínez, Benjamín Solsona y Atilano del Valle. Además, la orden cita al médico ginecólogo Abelardo García, en relación con el caso de un bebé robado.