José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. EFE



“Existe una sensación de impunidad  derivada de la benevolencia con la que se contemplan los casos de corrupción en el  Código Penal y  también por la propia sociedad española que elige de forma reiterada a los corruptos a pesar de conocer su condición” denuncia a ELPLURAL.COM José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo.

En su larga carrera judicial Martín Pallín ha tenido numerosas responsabilidades. Ha sido miembro del Comité de Bioética de España,  miembro del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía y la Democracia en el Paraguay, de la Asociación Hispano-Alemana de Juristas y de varias misiones especiales sobre derechos humanos organizadas por Amnistía Internacional (Venezuela, México, Perú). Fue Premio Jurista 1996 de la Universidad Complutense de Madrid, Presidente de la Asociación pro Derechos Humanos de España, Presidente de la Unión Progresista de Fiscales y Portavoz de Jueces para la Democracia.

Ahora denuncia constantemente la alarma social que produce la corrupción. “Somos muchos los que venimos reclamando desde hace mucho tiempo la necesidad de multiplicar, incluso por diez, el número de juzgados, bien de la Audiencia Nacional o bien de órganos especializados para abordar racionalmente estos casos. Es imposible que un solo juez pueda tramitar cinco o seis o siete casos de gran complejidad porque nos lleva inexorablemente a una demora en el tiempo de respuesta” añade el Magistrado.

- La Constitución dice que la justicia debe dar una respuesta en un plazo “razonable” y llevamos años y años con determinados casos
-La solución no es sencilla pero pasa por  cumplir con la propia Constitución en la que se dice expresamente que en todos los procedimientos judiciales predominará la oralidad sobre la escritura y especialmente en los procedimientos penales. La mayoría de los jueces españoles no están preparados, ni tampoco el sistema de la oficina judicial para solucionar los casos abordados en audiencias concentradas de carácter oral, proponiendo alternativas a las partes y resolviendo sin necesidad de intercambio de innumerables escritos. Como dato significativo puedo decir que, el caso conocido como Operación Malaya tiene más de un millón de folios. Lo cual causa asombro cuando se comenta en los foros internacionales.



-¿Cómo hemos llegado a esta situación de “barra libre” en la que políticos y empresarios han metido la mano en la caja?
Pueden ser muchas y muy variadas las causas. En primer lugar la falta de formación en principios éticos durante los cuarenta años de dictadura en la que imperaba el nacional catolicismo y no la ética ciudadana. Ya en la democracia se intenta por el gobierno Zapatero introducir una asignatura de educación para la ciudadanía. Los sectores que representan lo más retrógrado de este país se alzaron furiosos porque consideraban que era una forma de  "catequizar" cívica y socialmente a los ciudadanos. Estamos recogiendo lo que se ha sembrado. Por otro lado concurre un factor muy peculiar de España que consistió, en los años de la transición, en  justificar determinadas comisiones para promover el lanzamiento los partidos políticos que no tenían ni organización ni medios.

- ¿Corremos el riesgo de que prescriban los casos de corrupción ante la dilación en la resolución los procesos abiertos?
- El riesgo no es la prescripción porque mientras que el procedimiento este abierto los plazos de prescripción no corren.  Lo malo es que en algunos casos se llega a cumplir la  condena dieciséis años después como ha sucedido en el caso del ex presidente del FC Barcelona Sr. Nuñez.

 - Cuando se refiere a  las comisiones del caso Pujol, usted habla del 5-4-1
En Cataluña cuando Pasqual Maragall habló del 3% muchos  sabían que en realidad era el famoso 5-4-1, 5 para el partido, 4 para el que llevaba a cabo el negocio y uno para el intermediario. Carod Rovira ha confirmado lo del 5%. Es evidente lo del cuatro para enriquecimiento propio por las cuentas aparecen paraísos fiscales y los intermediarios pues también están apareciendo en los casos más recientes.

-En varias intervenciones en medios de comunicación, ha alertado sobre el riesgo de que la jueza Alaya, encargada de la investigación de los ERES de la Junta de Andalucía, estuviera confundiendo la investigación de unos supuestos casos fraudulentos de concesión de subvenciones con la criminalización del poder legislativo que aprobó las leyes andaluzas y, por ende, al partido socialista. Ha hablado del riesgo de que vayamos hacia un gobierno de los jueces.
- En el caso de los ERES de Andalucía existe una decisión política para hacer frente a la situación económica derivada de la crisis que fue tomada por el poder ejecutivo es decir la Junta de Andalucía y avalada por el Parlamento andaluz, que la aprobó   por unanimidad. Hablar de prevaricación en este caso me parece temerario. Tampoco es posible un delito de  malversación si no se demuestra la connivencia, el apoyo explícito y la aprobación de las conductas de aquellos que como se dijo en otra pregunta, metieron mano en la caja. El Tribunal Supremo norteamericano llamó la atención sobre determinadas injerencias del Poder judicial en los otros poderes del estado, acuñando una expresión que siempre utilizamos cuando nos enfrentamos a conflictos de esta naturaleza que se denomina "activismo judicial". Los jueces no pueden suplantar el papel de los políticos y si éstos han incurrido en responsabilidades de esta naturaleza, ellos son los que tienen que tomar una decisión o en su caso los ciudadanos cuando vayan a votar.

Elena Herreros en Twitter