Tras conocerse que en Córdoba la Iglesia "inmatriculó" no solo la Mezquita sino que puso a su nombre incluso una plaza pública y un monumento del casco histórico, el debate sobre la propiedad del templo Patrimonio de la Humanidad vuelve con fuerza al escenario político.

"Antes o después" la Mezquita-Catedral será pública
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés (IU), ha aprovechado un acto público en Córdoba, circunscripción por la que es diputada, para augurar que la Mezquita volverá a ser propiedad pública. En concreto ha declarado en frase contundente que "antes o después" la Mezquita-Catedral de Córdoba será un edificio público. Para ello a argumentado que está de su lado la "razón y el interés general". En esta misma línea ya se manifestaron organismos como la UNESCO o miles de ciudadanos que firmaron manifiestos a través de plataformas pra reinvindicar la titularidad del Estado.

Un espacio público de todos
Ha hecho una comparación con otro edificio propiedad de la Junta de Andalucía que precisamente se encontraba inaugurando, el Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba. En el acto de inauguración del que ha estado ausente el alcalde de la ciudad, José Antonio Nieto (PP), Elena Cortés ha afirmado que de igual manera que ese centro constituye "un espacio público de todos", la Mezquita "antes o después" lo será también.

Convicción por la razón y el interés general
Basa su creencia de que el templo volverá a ser de los ciudadanos en el hecho de que "la razón y el interés general, siempre que se defienden con convicción, argumentos,conocimiento del pasado y la esperanza en el futuro, siempre abre caminos".

Recurso contra la "inmatriculación"
Cortés ha ampliado sus argumentos manifestando que esta situación, la de la "inmatriculación" de la Mezquita a nombre de la Iglesia, supone todo un debate ciudadano en Córdoba. Ha recordado que la propia Cámara andaluza "debatió sobre la conveniencia de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la "inmatriculación" de bienes por parte de la Iglesia, un resquicio basado en leyes franquistas y una modificación hecha por José María Aznar y que está permitiendo a Obispados y Diócesis hacerse con un botín importante de bienes patrimoniales.