La Fiscalía y la abogacía del Estado creen que los comentarios de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, acusándola de apoyar a grupos proetarras forma parte de la libertad de expresión. Así lo ha expresado esta mañana en la vista oral del juicio civil celebrado en la Ciudad de la Justicia tras la demanda presentada por Colau por unas declaraciones de Cifuentes el 25 de marzo del 2013 que considera que vulneraron su derecho al honor.

Ataque de Cifuentes
Aseguró , en el programa de Radio Nacional de España El día menos pensado, que Colau y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca eran más que un grupo de apoyo a familias desahuciadas, una organización con una “estrategia bastante radical”, que mantenía una “lucha callejera hasta llegar casi a la kale borroka”.

Colau pide en la demanda que Cifuentes se retracte y una indemnización de 75.000 euros que, si la juez le da la razón y se la concede, destinará a pagar las multas que la delegada ha impuesto por varios escraches, ha declarado a los medios al término del juicio. Su abogado, Jaume Asens, ha explicado en sus conclusiones durante la vista que la acusación de Cifuentes "alimentó" los ataques contra la PAH y contra su exportavoz especialmente en las redes sociales, y que incluso desencadenó amenazas de muerte contra ella y su familia.

El abogado ha sostenido que la vinculación "con una cuestión tan sensible con el terrorismo" es muy concreta, no solo un insulto, y que lo hizo además en unas declaraciones relacionadas con su cargo y no en una tertulia.

Colau, indignada
A la salida de la vista, según recoge el diario Público, Colau se ha mostrado "muy enfadada" por la actitud del ministerio público, que "encima, los pagamos entre todos".

Doble rasero
Decenas de integrantes de la PAH se han concentrado en la salida de los Juzgados de Barcelona para dar su apoyo a Ada Colau, quien ha insistido en que Cifuentes pidió cuatro años de cárcel a un ciudadano que la insultó por Twitter y que ella sólo pide una cantidad de dinero como compensación por los daños sufridos y una rectificación pública. Su abogado confía en que en un mes se pueda conocer la sentencia de este juicio.