El juez Baltasar Garzón ha propuesto la creación de un Consejo de Participación Ciudadana, elegido y constituido por ciudadanos y que pueda tener una actuación activa en temas como la justicia, la economía, la educación o la sanidad. Ha realizado esta propuesta esta mañana en Sevilla en el transcurso de una jornada en el Parlamento de Andalucía sobre Derechos Sociales. Previamente en un encuentro con medios informativos, Garzón resaltó la situación de agresión del ejecutivo en temas tales como la jurisdicción universal o un derecho fundamental como la libertad de manifestación.



Los políticos, de espaldas a los ciudadanos
“Los políticos no pueden seguir de espaldas a las necesidades de los ciudadanos”, afirmó Garzón en el transcurso de la jornada “Derechos Sociales: propuestas para el cambio” organizada conjuntamente por la Fundación Cultura de Paz, la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) y la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL ligada a UGT. Los ponentes en esta Jornada fueron Federico Mayor Zaragoza, Carlos Romero Gonzalez (vicepresidente de AG.FITEL) y con ellos, las catedráticas Lina Gálvez y Cándida Martínez.

“Se trata de aportar propuestas, este es el objetivo de la jornada. –explicó Garzón a los periodistas- Analizando una reforma como la de la Ley Orgánica del Poder Judicial se ve como de lo que se trata es de someter a los jueces y no de profundizar en su independencia”.

Debate y no confrontación
Se refirió a que es preocupante ver como se recortan derechos “como el de libre manifestación o el debate sobre el modelo de Estado o la disquisición sobre Cataluña. Creo que se trata de someter estos temas a debate y no a confrontación”.

China,¿oscuros intereses?
Preguntado sobre la deliberación de la sala de lo penal en cuanto a la continuación de la investigación sobre China por los hechos del Tibet en base a la justicia universal, Garzón recordó que los jueces se veían sometidos a lo que marcan los tratados internacionales “no se puede cambiar lo que indican esos tratados por intereses políticos y económicos muy oscuros”. En su opinión, el Gobierno está olvidando a a las víctimas. “Están enfrente, pero en la balanza del Ejecutivo las víctimas pesan poco”. Dijo que en su opinión la reforma de esta Ley es ilegal “por eso se ha recurrido”.

Aforamiento: desconfianza hacia el juez
Se manifestó contrario a los aforamientos. “Reconozco que debe haber una determinada protección durante el desarrollo de un trabajo profesional pero debe cesar cuando la función cesa”. En el caso del aforamiento del Rey al hacerlo con tanta premura “parece que se transmite la sensación de que algo pasa”. El aforamiento indica una desconfianza hacia el poder judicial, consideró. “Parece que son más fiables determinados jueces nombrados de diferente forma que los jueces profesionales”.

Consejo de Participación Ciudadana
En su intervención posterior Garzón planteó la creación de un Consejo de Participación Ciudadana, que los ciudadanos elijan y del que formen parte y que pueda tener una actuación activa en temas como la justicia, la economía, la educación o la sanidad. A esta propuesta se unió después Federico Mayor Zaragoza. También planteo que sean los propios ciudadanos quienes puedan elegir a los jueces. “Si pueden dar su opinión en un jurado que decide sobre la culpabilidad de un acusado ¿por qué no van a poder elegir a los jueces?

Responsabilidad de las grandes empresas
La siguiente propuesta de Garzón se refiere a la actuación de las grandes empresas: “Es necesario como garantía de los derechos sociales exigir cláusulas de penalización humanitaria a las grandes empresas. No se debe aceptar que las grandes empresas produzcan sus productos con grandes quebrantos para otros países y vendiendo sus productos en España y en todo el mundo”.

Clausulas de penalización
“No olvidemos –dijo- casos como la tragedia de Bangladesh, había empresas españolas allí y de ellas nunca mas se supo. Tiene que existir esa cláusula para empresas que están vendiendo en la Quinta avenida de Nueva York y en los grandes centros comerciales españoles”.

Jurisdicción Universal en ámbitos económicos
De la Jurisdicción Universal dijo que no solo se debe aplicar en casos de genocidio o de crímenes de guerra, sino ampliarse a ámbitos que como se ha visto con la crisis se puede aplicar a grandes desarrollos económicos que quebrantan las necesidades básicas de millones de personas sin tener siquiera respuesta política o social. Abogaba aquí el juez por sanciones graves penales y económicas.

Prohibir los paraísos fiscales
Se refirió a la desaparición de los paraísos fiscales, y la necesidad de que “se prohíba a las corporaciones financieras españolas que trabajen con estos paraísos fiscales. Hay empresas que tienen su fiscalidad fuera, se aprovechan de los ciudadanos y no se corresponsabilizan del desarrollo social”, denunció.

Comisión de la Verdad
También recordó que “España sigue sufriendo un déficit insoportable en la verdad, justicia y reparación de los crímenes franquistas. “No es cosa del pasado como dicen algunos, sino del presente y sobre todo del futuro, construir una política de memoria para las generaciones venideras, como garantía de no repetición en un futuro. Por ello debemos hacer el esfuerzo de crear una Comisión de la Verdad para que la Verdad, la Justicia y la Reparación sea el punto que deje de estar en nuestro “debe” democrático”.

Cambiar la ley sobre el terrorismo
Propuso Garzón también cambiar la legislación en un tema que conoce muy bien, los delitos de terrorismo “no es necesario adoptar medidas extraordinarias para combatir el terrorismo sino buena preparación de fiscales jueces y policías sin necesidad de restricciones excepcionales y con la participación de la sociedad”.

Más autonomía para los fiscales
Garzón indicó lo absurdo de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo referido a arbitrar un mecanismo colegiado de tres jueces para realizar una instrucción. Para Garzón hay que retirar esa reforma, modificar la Ley de enjuiciamiento criminal y dar el peso de la instrucción al Ministerio Fiscal “Hacerlo independiente y no dependiente de una cúpula que marque la investigación. El fiscal deber ser quien proteja a los ciudadanos. Yo defiendo que tenga una cota de autonomía máxima. Debe dirigir esa actuación.

Transparencia de la Administración
Abogó además el jurista por dar participación a los ciudadanos a través de mecanismos de transparencia y gestión abierta en la Administración para investigar los hechos de corrupción. “Se debe y se puede hacer si queremos combatir la corrupción realmente y no solo establecer norma tras norma.”

Criminalizar la acción sindical
Entre otras intervenciones, Carlos Romero por la Fundación AG-FITEL comentó a los periodistas en la reunión previa a la Jornada que con la reforma laboral “parece que se quiere criminalizar la acción sindical en muchos casos. Como si se quisiera amilanar a los trabajadores en el ejercicio de sus derechos fundamentales como el de huelga”. Romero abogó por el diálogo como método indispensable. Y ya en su intervención planteó la necesidad de garantizar los derechos ciudadanos sindicales, al trabajo y a la salud laboral.