Los ciudadanos cordobeses asisten como atónitos a un hecho sin precedentes. El emblema y símbolo fundamental de su ciudad, la Mezquita de Córdoba, puede pasar a ser exclusivamente propiedad privada de la Iglesia Católica si no se remedia antes. La polémica está servida y hay quien no entiende como un monumento “Patrimonio de la Humanidad” puede pasar a ser patrimonio exclusivo de los obispos merced al uso de una ley franquista en el Registro de la Propiedad y que tan solo le costó 30 euros a la iglesia.

Plataformas y gabinete jurídico de la Junta se mueven
Ante ello se ha creado plataformas en defensa del carácter público de la Mezquita Catedral. Los partidos en su mayoría están a favor de que sea público y la Junta de Andalucía, como informó ELPLURAL.COM, ha puesto a trabajar a su gabinete jurídico para estudiar formas legales que impliquen la titularidad pública del monumento bajo la gestión del gobierno autonómico.

El Obispo, la Iglesia y los altos ingresos económicos
Se entiende que el obispo, Demetrio Fernández, defienda la gestión y titularidad de la Iglesia. Es un emblema también para ésta pero conviene no olvidar que significa una fuente de ingresos tremenda para las arcas eclesiales solo con las entradas que generan su visita turística. Cada visitante paga ocho euros por entrada y 20 euros si la visita es nocturna. Lo que oculta el obispo, pero si reveló ELPLURAL.COM, es que el ayuntamiento le exime descarada y vergonzosamente del IBI y además como monumento histórico se nutre de las ayudas públicas cuantiosas para su mantenimiento. Todo un chollo en una ciudad donde los ciudadanos protestan por el IBI tan alto que abonan al Consistorio del PP.

El PP y el alcalde a favor de que sea de la Iglesia
Lo que no se entiende bajo ningún concepto, salvo que prime el ideario religioso por encima de la defensa de lo público y de la ciudad, es la postura del alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto. El regidor del PP quiere que nada cambie en la titularidad de la Mezquita. Llega a afirmar incluso que para él no significa “un problema” y se manifiesta sinctapujos en favor de que la Iglesia continúe con su gestión y propiedad alega que “está muy bien atendida”. Postura difícil de entender en la persona que debe ser la primera en defender el patrimonio público de la ciudad.

El Gobierno andaluz en contra estudia su expropiación
Desde el Gobierno andaluz las posiciones están claras. La propia Delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Isabel Ambrosio, ha firmado “a título personal” el manifiesto de una plataforma a favor de su uso y gestión pública. Pero al mismo tiempo que lo hace de forma particular sí defiende públicamente la titularidad pública y ha revelado que la Junta busca fórmulas jurídicas para revertir la situación. Lo mismo manifiesta y ha firmado el Vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU).Como ya informó ELPLURAL.COM se trataría de una fórmula similar a una expropiación por interés público.