Los representantes de la MERP entregan a la Defensora del Pueblo las firmas solicitando un referéndum para blindar las pensiones



Hasta 29 representantes de las organizaciones y personalidades que forman la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones (MERP) se han reunido hoy con la Defensora del Pueblo, Dª Soledad Becerril, el Adjunto Primero, D. Francisco Fernández Marugán, y la Adjunta Segunda, Dª Concepció Ferrer i Casals, para transmitirles el objetivo de blindar las Pensiones en la Constitución prohibiendo su privatización y la degradación de su poder adquisitivo. Para ello han hecho entrega de miles de firmas que se suman a las que ya entregaron el junio pasado.

Base legal
A la reunión acudieron también los catedráticos de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante y de la Universidad Complutense de Madrid, José Asensi y Antonio de Cabo que avalaron en la reunión el objetivo de blindar las pensiones en la Constitución, señalando que no existe ningún impedimento técnico ni legal para llevarlo adelante.

Los jubilados vistos como "riesgos financieros"
El amplio grupo de representantes de organizaciones y personalidades de la MERP, que está formada ya por 82 organizaciones y 100 personalidades, trasladaron a la Defensora del Pueblo su voluntad de promover un amplio debate ciudadano en el que toda la sociedad tenga la oportunidad de conocer las diferentes posiciones y alternativas que existen sobre el futuro de las pensiones. La Mesa Estatal Pro-Referéndum organizó la semana pasada un ciclo de conferencias sobre la sostenibilidad de las pensiones que la periodista Rosa María Artal inauguró presentándose como "un riesgo financiero", aludiendo así a la alerta del Fondo Monetario Internacional presentando el aumento de la esperanza de vida como un peligro.

La insostenibilidad es una "mentira"
En ese foro, los economistas Juan Torres y María Pazos alertaron contra "la mentira de la insostenibilidad de las pensiones" que "se basa en hacernos creer que
dependen de la cantidad de cotizantes y no es verdad [...] el déficit lo ha provocado la distribución de la renta, no que haya muchos viejos". Pazos puso especial hincapié en que "el principio de solidaridad es el que inspira los servicios públicos" y la Seguridad Social "es un derecho y no un negocio".