Críticas a las formas y tiempos de la juez
Recientemente, Anticorrupción hizo pública su críticas a la imposibilidad de comprobar la implicación de otros imputados por falta de la información necesaria. Anticorrupción censura la imposibilidad de comprobar la implicación de otros imputados por falta de la información necesaria porque existen “diligencias de instrucción acordadas y no practicadas”. También censuró la forma y los tiempos de la juez en dicha instrucción.
El delito de prevaricación no está prescrito
La Fiscalía de Sevilla, en un escrito, manifiesta que aunque el delito de prevaricación no está prescrito, "no ve indicios suficientes para imputar ese delito a los empresarios" que concursaron y que declararon como imputados el pasado 14 de junio.
Juez Alaya
Este escrito se produce después de que la juez instructora del caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, declarase, el pasado 30 de septiembre, que habían prescrito los delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas y fraude y exacciones ilegales, pero no el de prevaricación, que imputó a los empresarios.
Imputados
La jueza había imputado a los empresarios José Romero González, presidente de PRASA; a los hermanos Juan Nicolás y Eduardo Báñez como responsables de la empresa Juan de Robles; a Ignacio Bayón, de Realia; a Bárbara Gutiérrez-Maturana, presidenta de Azucarera Larios; y a Martín Sánchez-Ramade y su hijo, de EDAMAR.
Sin indicios suficientes
Estos siete empresarios elevaron a 24 las personas acusadas en este sumario, uno de los cuatro en que se desgajó el caso Mercasevilla, entre las cuales figura el ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU). La jueza investiga lo que ha denominado "adjudicación fraudulenta" del concurso de venta de los terrenos a la inmobiliaria Sanma, que ofertó 105 millones de euros frente a los 158 de su competidora Noga. Ahora, la Fiscalía afirma que "no hay indicios suficientes, a día de hoy, para considerar acreditada mínimamente la participación de los imputados" en el delito de prevaricación.
Críticas del PSOE
Los socialistas se han quejado de esta situación. Mario Jiménez afirmó que se producen "una serie de acontecimientos y circunstancias, como la prescripción de delitos societarios, que terminan beneficiando a los hermanos de la ministra", ha señalado en referencia a la responsable de la cartera de Trabajo, Fátima Báñez.
Anticorrupción censura la instrucción de la juez Alaya
Estos hechos provocaron también la durísima queja de la Fiscalía Anticorrupción. La censura se produjo tanto por las formas como por los tiempos de la juez y se formularon pocos días después de que se hiciera pública que los dos de los tres delitos que se imputaban a los dos hermanos de la ministra de Empleo Fátima Báñez hubieran prescrito. En su escrito la Fiscalía mencionaba una “extraña” dilación en la actuación de la juez así como que se le esté ocultando información y de que no se hayan practicado diligencia “acordadas” sobre el seguimiento de los expedientes fraudulentos.
