Puede "ser inconstitucional"
Según recuerda el IAM, el anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local suprime el artículo 28 de la Ley vigente, con lo que se eliminarían, entre otras, las competencias municipales en políticas de igualdad. Así, la reforma “puede ser inconstitucional, pues atenta contra el principio mismo de autonomía local, constitucionalmente garantizado, y supone una intromisión en el ámbito de la garantía constitucional de la autonomía” andaluza. Junto a ello, el anteproyecto ignora la Carta Europea de Autonomía Local y la propia Ley estatal de igualdad, al tiempo que dificulta el cumplimiento de la Ley estatal contra la Violencia de Género, con la consecuente desprotección de las víctimas de violencia de género.
En Andalucía destruirá "muchos empleos"
Para la directora del IAM, Soledad Ruiz, la reforma “atenta contra los derechos humanos y contra los derechos de las mujeres, porque supone una supresión de todos los avances conseguidos, década tras década, en materia de igualdad y de violencia de género”. Además, en Andalucía, añade Ruiz, dicha reforma supondrá “la destrucción de muchos empleos y de una red de recursos para la igualdad que se inició con el Estatuto de Autonomía para Andalucía”, y que hoy cuenta con 169 Centros Municipales de Información a las Mujeres (CMIMs), el recurso más cercano que tienen las mujeres para conocer y defender sus derechos, especialmente en el mundo rural. Así, con la destrucción de la red de CMIMs, quedarían sin atención las más de 101.000 mujeres que cada año son atendidas en los mismos, en muchos casos por violencia de género, al tiempo que se perderían 448 empleos directos.
Pone "en peligro a la población más vulnerable"
Junto a ello, la reforma suprimiría todos los servicios de promoción de la mujer, los servicios municipales contra la violencia de género y los Consejos Locales de Participación de las Mujeres. Ello implicará “dificultades para muchas mujeres del ámbito local que no podrán desplazarse hacia las capitales por razones económicas”, situación de especial riesgo para las personas más vulnerables, como las mujeres víctimas de violencia de género. Por ello, la directora del IAM ha instado al Gobierno central a “recapacitar y mantener servicios que aseguran la igualdad y la protección de la ciudadanía, y sin los cuales se corre el riesgo de poner en peligro a la población más vulnerable”.
